Minutos después de que la magistrada de Cuarto Juzgado de Garantía, Mariana Leyton, decretara que con su libertad, los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos ponían en riesgo el éxito de la investigación y que por lo tanto existía “peligro para la seguridad de la sociedad”, el imputado en el marco del “Caso audios” fue sacado de la sala esposado por personal de Gendarmería para cumplir con la prisión preventiva en el penal Santiago Uno.
Así, se cerró la extensa audiencia de formalización -que duró cinco días- en la que el Ministerio Público le imputó a Hermosilla y Villalobos los delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios, los que en este estado procesal estarían acreditados, de acuerdo a lo que indicó la magistrada al entregar su decisión sobre la medida cautelar más gravosa del sistema penal.
Hermosilla sale esposado y su hermano -y abogado- confirma que apelará
De esa manera, Luis Hermosilla fue esposado y fue ingresado al penal de Santiago Uno, pese a que se creía que podía cumplir con la medida cautelar en el anexo Capitán Yáber, donde también se encuentran otros detenidos por delitos similares. De hecho, en ese sentido, la fiscalía indicó que el 12 de septiembre habrá una audiencia donde se determinará este punto en particular.
En tanto, el abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo, al salir del tribunal confirmó que apelará ante la Corte para revertir la prisión preventiva.
“Nos fue muy mal en la audiencia, es evidente que la jueza lo que hizo fue estar de acuerdo con los criterios del Ministerio Público, esta establecido en el sistema y vamos a pedir que lo revise la Corte de Apelaciones, hay cuestiones que me siguen pareciendo extrañas desde el punto de vista jurídico, pero son las reglas del juego que estamos dispuestos a respetar”, dijo Juan Pablo Hermosilla.
Luego apuntó que “vamos a seguir tratando de empujar esto hacia un juicio lo antes posible porque esto se sigue tomando como un juicio anticipado”.
De no revertirse la medida cautelar, Luis Hermosilla debería estar en prisión preventiva durante los 180 días entregados por el tribunal para la investigación.
