Luis Hermosilla. El conocido abogado es la voz principal en un audio de una reunión privada en la que asegura a sus clientes que coimear a funcionarios públicos es la única manera para conocer cómo van las acciones de la CMF en contra de las empresas de los hermanos Sauer. La Fiscalía incautó su celular, con miles de conversaciones y ahora está siendo formalizado por cohecho y lavado de activos. Hermosilla acusó que el audio fue obtenido de forma ilícita. El Ministerio Público está tratando de establecer que es un consejero, tal como se oye en el audio, no sólo de los Sauer, sino también de otros grupos como los Jalaff. Establecer que el abogado sabía que los negocios de Factop eran ilegales es clave para encausarlo. También se le acusa de delitos tributarios (declaraciones falsas y evasión por $ 800 millones).
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Leonarda Villalobos. Es la abogada que grabó el audio, cosa que hizo, según dice, para exponer los negocios oscuros de los Sauer. La Fiscalía, precisamente, imputa el delito de lavado de activos por entregarles cheques en blanco. Aunque está siendo formalizada, insiste en que es una víctima de Factop, pero en los audios dice tener información reservada desde el SII, conseguida a través de pagos a funcionarios de entidades públicas.
Luis Angulo. Esposo y socio de Villalobos en sus negocios. Explica que no tenía conocimiento de lo que hacían los Sauer, que prestaba cheques sin retribución alguna y que al final de cuentas, perdió plata.
Patricio Mejías. Contador del SII, recibió $ 13 millones por entregar información confidencial a Villalobos. Acusado de cohecho reiterado, aceptó quedar en prisión domiciliaria mientras dure la investigación.
Renato Robles. Es funcionario de la Tesorería con la misma acusación y cautelar. Él habría recibido $ 1,5 millones, aunque dice que fue por asesorías efectivamente realizadas.
Daniel Sauer. Controlador de STF y Factop, no está siendo formalizado en este caso específico, pero está en prisión preventiva por delitos tributarios y estafa. En el audio se entiende que los favores que se estaban gestionando en el SII y la CMF eran en su beneficio. Habría emitido facturas falsas y ya fue multado por la CMF por entregar información falsa al mercado mediante las operaciones de su corredora de bolsa.
Rodrigo Topelberg. Socio de Daniel Sauer en Factop, también está en prisión preventiva. Acusa que él y su familia perdieron $1.000.000.000.
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Antonio Jalaff. Cliente de Hermosilla antes de los Sauer y pariente político de ellos. Se le acusa de emitir facturas falsas, cuyas deudas comenzaron a saldarse con el sistema enseñado por el abogado y por Daniel Sauer y usando dineros de las empresas de los hermanos.
“Tocados” por la investigación
Sergio Muñoz. La primera víctima de los mensajes en el celular de Hermosilla, debió dejar su cargo de director general de la PDI cuando se conocieron sus conversaciones.
Andrés Chadwick. El exministro contrató a Hermosilla cuando fue acusado constitucionalmente, pues son amigos. La fiscalía demostró varios pagos hechos por el acusado abogado, pero el político de la UDI dice que sí hizo las labores por las que cobró. Aún debe aclararse si es cierto que un informe en derecho que solicitó a Alemania se pagó con platas de Factop.
Jean Pierre Matus. Ministro de la Suprema aseguró que era mentira que hubiera chats con Hermosilla, pero aparecieron, por lo que después explicó que no son por nada ilegal y que se hizo antes de que perteneciera a la Corte. Se especula que Hermosilla influyó en su nombramiento.
Carlos Palma. El fiscal regional de Aysén habría enviado mensajes con información reservada sobre una causa de drogas donde el narcotraficante es defendido por un socio de Hermosilla. Él señala que no reveló nada sensible. Podrían iniciarse acciones por el delito.
Sebastián Sichel. Los mensajes del teléfono indican que cuando fue nombrado director de BancoEstado, Hermosilla le aseguró al empresario Antonio Jalaff que eran amigos y que lo ayudaría a que le aprobara un crédito. El hoy candidato a alcalde -y los mismos chats- dicen que ni siquiera le contestó el teléfono. Se querelló por injurias.
Tonka Tomicic. Mejías confiesa que Villalobos le pidió investigarla a través del sistema interno del SII. Y después, aparecen pagos de la animadora a la misma abogada, pero la modelo asegura que es porque tras un juicio con un tercero, se le pidió pagar el dinero en cuotas a Steuern SpA, propiedad de Villalobos.
3 PREGUNTAS A...
Javier Castro: Abogado penalista. Académico de la Universidad Autónoma.
“¿Presiones? Los jueces son entrenados para descartarlas”
¿Cuál es la labor de un abogado defensor en una formalización, entendiendo que no debe probar la inocencia, sino que no es riesgoso que el cliente quede libre mientras dura la investigación?
La labor consiste fundamentalmente en cerciorarse de que el contenido de la formalización sea comprensible para su representado. El defensor no interviene en ella, salvo que sea necesario pedirle al Ministerio Público que aclare el contenido.
¿Cree en general -o en este caso particular- que los jueces se vean presionados a dejar a alguien en prisión preventiva?
¿Presiones? Los jueces son profesionales, por lo mismo, entrenados para pronunciarse sobre las solicitudes de medidas cautelares y ordenarlas, como la prisión preventiva, sólo si concurren los requisitos legales, descartando cualquier otra consideración que no sea jurídica.
¿Se considera este caso un delito económico, es decir, con menos opciones de ir a la cárcel?
Se imputa soborno, lavado de activos (delito económico) y delito tributario. La suma de penas de todos esos delitos pueda producir la privación de libertad.
3 PREGUNTAS A...
Danilo Herrera: “No veo al electorado castigando a la UDI por este caso”
Cientista político. Director ejecutivo de Factoría Pública.
¿Tendrá algún efecto el caso en las Municipales?
Hasta el momento han aparecido sólo personalidades de Chile Vamos. Quizás en Ñuñoa le afecte a Sebastián Sichel. No veo al electorado castigando a la UDI por este caso.
¿Habrá repercusiones permanentes para alguna figura?
Andrés Chadwick. La opinión pública tiene que conocer con qué clientes trabajó y si uno de ellos es Factop, empresa que financió su defensa a la AC. Si es así, le deberá una respuesta a la ciudadanía y, presumiblemente, a la Justicia. El otro es Jean Pierre Matus, que le mintió a los chilenos diciendo que no había conversaciones con Hermosilla y quizá se le abra una AC.
¿Es rara esta relación entre poder político y económico o la diferencia es que ahora se ventiló?
Es común e imposible de cortar. El caso deja al descubierto que algunos empresarios son corruptos y se jactan de serlo. Lo importante es hacer énfasis en la probidad, transparencia y en el marco de la legalidad. Es necesario que cada vez que un político hable con un empresario se informe de lo que hablaron, ser más transparentes con la información de las agendas. Son desafíos para la nueva ley de lobby que está en el Congreso.
