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Alcalde de Puerto Montt es destituido por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad

La decisión adoptada por el Tribunal Electoral de Los Lagos fue a requerimiento de cuatro concejales del municipio.

Gervoy Paredes.
Gervoy Paredes, destituido alcalde de Puerto Montt. Captura Instagram

Cinco días hábiles tiene la defensa de Gervoy Paredes para apelar ante Tribunal Calificador de Elecciones, luego que el Tribunal Electoral Regional de Los Lagos determinara su destitución inmediata como alcalde de la ciudad de Puerto Montt.

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El órgano emanó la resolución luego de acoger el requerimiento de remoción presentado por los concejales Juan Carlos Cuitiño, Fernando Binder, Emilio Garrido y Yerko Rodríguez en contra del jefe comunal, por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa.

El dictamen, que solo fue rechazado por la jueza Teresa Mora, señala que “se acogió requerimiento de remoción por notable abandono de deberes e infracción grave a principio de probidad administrativa, interpuesto por Juan Carlos Cuitiño Uribe, Fernando Binder Álvarez, Emilio Garrido Ibáñez y Yerco Rodríguez Guichapani, concejales de la Municipalidad de Puerto Montt, contra alcalde del mismo municipio, Gervoy Paredes Rojas”.

Además, el Tribunal Electoral explica que el alcalde “quedará suspendido en el cargo tan pronto le sea notificada esta sentencia”, agregando que “una vez ejecutoriada ésta, el requerido, sr. Gervoy Paredes Rojas, estará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años”.

Acusaciones

De las 17 acusaciones que pesan contra el destituido alcalde del Partido Socialista, quien llegó a la alcadía de Puerto Montt el año 2012, el Tribunal Electoral Regional de Los Lagos acogió 13, los cuales dicen relación con la “contratación de parientes, defraudación , acto de discriminación arbitrario, actuaciones irregulares y contrato fraudulento.

Además, se le imputan irregularidades en torno a la remoción del administrador municipal, la instalación de una carpa en terreno municipal, incumplimiento de decretos de demolición, negativa a tramitar los procesos disciplinarios y registro de deudas (DICOM) por 498 millones de pesos en los últimos siete años.

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