Fue la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, la encargada de leer la resolución que “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano, Nicolás Maduro Moros, como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031″, sentenció.
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Luego de 22 días de ocurridas las elecciones, el TSJ añadió que de manera “inequívoca e irrestricta” se hizo la revisión de las elecciones, explicando que esto se basó en un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales “altamente calificados e idóneos”. Sin embargo, no se dio a conocer quiénes eran estos expertos ni detalles de cómo se llevó a cabo el proceso de validación, el cual tampoco contó con la participación de la oposición que ha denunciado fraude electoral.
El candidato opositor Edmundo González advirtió que la decisión judicial “solo agravará la crisis” que vive el país, añadiendo que “ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis”.
Transparentar elecciones
Hace algunos días, en tanto, mediante una declaración conjunta sobre Venezuela, Chile junto otros países, incluyendo a varios latinos e incluso la Unión Europea, hicieron un llamado a Venezuela, con respecto a transparentar los resultados de las elecciones presidenciales de julio pasado.
“Los países abajo firmantes, reunidos en Santo Domingo de Guzmán, hacemos un firme llamado a la sensatez y la cordura en Venezuela. En este momento crucial para Venezuela y la región, todos los actores sociales y políticos deben ejercer la máxima mesura en sus actuaciones públicas”, comienza el documento.
Por otro lado, llamaron a aceptar y respetar la “dignidad e integridad de todas las personas”. “Urgimos a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y, en particular en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión. Vemos con preocupación que esta no es la realidad actual en Venezuela. Las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes, por lo que requerimos su inmediata liberación”, precisan.
