En medio de la controversia que se ha generado entre la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana y la exdirectora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de Los Ríos, Isabel Amor, la Contraloría se pronunció sobre la legalidad del acto administrativo que revocó su nombramiento, dándole el visto bueno por medio de la toma de razón.
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El documento señala que “con fecha 05 de agosto de 2024, la Directora Nacional mediante llamada telefónica, solicita la renuncia a doña Isabel Margarita Amor Alfaro, a contar del 08 de agosto 2024 y posteriormente el Jefe de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas mediante correo electrónico remite la notificación, en concordancia” con la ley.
Asimismo, la Contraloría establece que la fundamentación a dicha petición es “la pérdida de confianza para ejercer la respectiva plaza, la cual constituye un elemento esencial en toda relación de Alta Dirección Pública y que resulta determinante para ejercer la función administrativa encomendada”.
Respecto de la remoción de funcionarios elegidos mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, el órgano contralor señala que se debe tener presente que “los altos directivos públicos tendrán en materia de remoción la calidad de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento(...), por lo cual, la remoción se hace efectiva mediante la petición de renuncia que formula la Directora Nacional”.
Además, la Contraloría sostiene que Isabel Amor “fue notificada válidamente”, agregando “que la petición de renuncia” fue formulada por la autoridad, sin embargo, esta no fue presentada, declarándose vacante el cargo, “por no haber presentado dentro del plazo legal la renuncia solicitada por la autoridad”.
Pérdida de confianza
Desde el Sernameg señalaron que “la pérdida de confianza en ningún caso tiene relación con el hecho de ser hija de un condenado, sino que obedece a sucesivas omisiones de información relevante y acciones por parte de esta profesional” respecto de la pena de tres años y un día que sufrió su padre, Manuel Amor, como cómplice del secuestro calificado del ingeniero agrónomo, Luis Corvalán Castillo, durante la dictadura y que ya le había valido un conflicto con agrupaciones de derechos humanos mientras era directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Ñuble.
En el comunicado se detalla de “comentarios desafortunados relativos a la condena de su padre”, los cuales habría expresado al equipo del Servicio en Los Ríos, además del envío “por parte de la exdirectora de una nota periodística que aún no era publicada, donde relativiza la responsabilidad de su padre, pese a existir una condena por violación de derechos humanos ejecutoriada en su contra”.
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Además, se agrega que la entrevista finalmente fue publicada, pero en una versión distinta al texto que envió Isabel Amor al Sernameg.
Señalar que este borrador de entrevista que la exdirectora hizo llegar al organismo, se conoció en medio del revuelo público que generaron las declaraciones del senador de la UDI, Javier Macaya, respecto de la defensa que hizo de su padre Eduardo tras ser condenado por abuso sexual de menores y que incluso lo llevaron a renunciar a la presidencia del partido.
Descargos de Amor
Isabel Amor, en tanto, en diversas entrevistas ha descartado la versión entregada por el Sernameg y ha señalado sentirse “defraudada del Gobierno” por la explicación de su salida y cuestionó que se le haya bajado “por el borrador de una entrevista” que nunca se publicó y que se venía trabajando hace dos meses.
Sin embargo, reconoció que había tenido problemas con las agrupaciones de derechos humanos de Ñuble por la condena de su padre, lo que la habría llevado a trabajar esta entrevista hace 3 meses mientras estaba como directora regional del INDH.
Respecto a hacer público el borrador de la entrevista, Isabel Amor se desligó del tema, señalando que era propiedad del diario El Mercurio y eran ellos los encargados de mostrarla, cuestionando además que se le coloque “en tela de juicio” a ella respecto del texto que fue editado, luego que desde el Gobierno aseguraran que relativizó la condena por delitos de derechos humanos que cometió su padre en dictadura.
