Más de una semana sin luz pasaron quienes más sufrieron con la tormenta de viento con que llegó el mes de agosto. Los dedos apuntaron hacia las empresas distribuidoras de electricidad, por su lentitud en reponer el servicio, incluso desde el Gobierno, con ultimátum incluido hacia Enel. Pero son muchos los que ya miran al futuro para que situaciones así no se repitan, poniendo claro acento en los costos y las reales necesidades, más allá de las primeras impresiones.
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Un dato clave dio Iván Quezada, gerente general de la Compañía General de Electricidad (CGE), quien declaró la semana pasada que “hemos manifestado en muchas audiencias que la infraestructura en Chile no está a la altura de lo que esperan los clientes”. El ejecutivo recordó la ausencia de un sistema que alerte, sin necesidad de un llamado, de un corte y que “en 2017 se trató de impulsar un proyecto para monitorear clientes.No pasa nada”.
La prevención es la primera clave, asegura Miguel Arriagada, director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la U. de Talca. “Hay que realizar medidas preventivas. Sería ideal un fortalecimiento de la estructura eléctrica, pero como no siempre es tan rápido y es caro, puede ser abordado por las eléctricas mantener una correcta poda de los árboles, fijar de buena manera los postes y una revisión periódica de la red, cosa que se hace, pero hay que hacerla coordinados con las autoridades”.
También expuso su impresión Claudio Seebach, expresidente de Generadoras Chile, quien propuso en radio Infinita “una reforma profunda a la distribución”, porque “la emergencia fue de una escala que no era abordable por ninguna otra empresa”. De paso, expuso la idea de soterrar los cables, lo que tendría un costo enorme.
La exsecretaria de la Comisión Nacional de Energía, Vivianne Blanlot, supo de esto y envió una carta a El Mercurio donde manifestó que “en la mayoría de los países desarrollados, los sistemas son subterráneos en el centro, pero aéreos en los suburbios residenciales”. El actual secretario ejecutivo, Marco Mancilla, expresó en CNN que “en Chile no es obligatorio que las distribuidoras tengan un monto mínimo de inversión ni hay multas por no invertir”.
Blanlot agregó que no se requieren cambios legales, sino que “cada una de las organizaciones sectoriales haga bien su trabajo”. Al respecto, el diputado Arturo Longton (RN) indicó que “le pediría al Gobierno que fortalezca la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para que tenga más herramientas preventivas. Hay proyectos de ley que están redactados y que podría perfectamente presentarlos y anticiparse”.
Miguel Arriagada, de UTalca, aborda las futuras concesiones: “Esas empresas tienen que venir con planes de contingencia claros, robustos. Aunque es difícil prever todos los problemas, que tengan una base que se adapte a los fenómenos climáticos extremos. Que las licitaciones vayan apuntando a infraestructura resiliente, que hoy no se hace porque es caro, pero hay que pensar en instalar cables subterráneos y postes reforzados”.
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El asunto de los gastos mayores supondrá a largo plazo un mejor desarrollo, indica Arriagada, quien explica que “los costos van a cambiar, si se le exige más, también la concesión tiene que implicar mayores recursos, para que haya interesados, porque el Estado no tiene la capacidad ni le corresponde, y ha demostrado ser poco eficiente. Sí el Estado tiene que incentivar a empresas monopólicas a invertir en mejora en infraestructura”. De paso, advierte que hay que tener cuidado porque están entrando “empresas chinas con un estándar bastante bajo, que ya hemos visto en carreteras concesionarias”.
Cómo se vela por la convivencia de postes y árboles
Buena parte del tendido eléctrico no se desmoronó con el viento, sino con ramas que le cayeron encima. La responsabilidad de mantener el arbolado es mayormente de las municipalidades, mientras que los postes sufren hace tiempo con un peso extra de cables muertos, que ya no funcionan, especialmente de servicios ajenos a la electricidad.
El senador David Sandoval (UDI) fue uno de los promotores de la ley Chao Cables, que fue promulgada en 2019, pero a la que no se le aprobó el reglamento, lo que la convertiría en letra muerta. Al respecto, el parlamentario señala que “el objetivo era solucionar la contaminación visual” y detalla que “ese reglamento se remitió a la Contraloría por parte de la Subsecretaría en al menos tres ocasiones, pero ha sido retirado, probablemente por alguna presión de las propias empresas”.
Sandoval aclara que “si bien la ley no tiene reglamento, sí establece obligaciones. Primero, que las empresas deben retirar esos cables y que si no lo hacen, se faculta a los municipios para que lo hagan y realizar los cobros respectivos”. También establece multas.
Una visión similar tiene desde la academia Miguel Arriagada, director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la U. de Talca, quien dice que “se ha hablado harto de que en la ley Chao Cables la municipalidad no tiene ninguna responsabilidad y no es así. Quienes han hecho esos comentarios tienen que revisar esta ley, porque a la municipalidad le da un rol, lo que pasa es que no queda tan claro y falta la normativa que permita ver cómo se operativiza”.
Respecto de los árboles, el Gobierno Regional de la RM compartió una herramienta que diagnostica su salud y posibles caídas. Es un mapa con imágenes satelitales en alta resolución que muestra un diagnóstico del estado de cada árbol elaborada por el Centro de Información de Recursos Naturales. Según Claudio Orrego, el proyecto que significó una inversión de $1.900 millones “entrega imágenes satelitales que permite detectar la clorofila del árbol y con una escala de colores define su fortaleza”. Esto ayudará a los fiscalizadores a mejorar su eficiencia.
