Temprano, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se reunió con parlamentarios de las comisiones de Constitución y de Seguridad Ciudadana de ambas cámaras para establecer detalles sobre la construcción de la cárcel de alta seguridad anunciada por el Presidente, Gabriel Boric. A ellos les confirmó que el paño elegido se encuentra en Santiago, en el barrio donde ya están la Penitenciaría, la actual cárcel de alta seguridad y los Tribunales de Justicia.
Será construido como una extensión del penal Santiago I, en Avenida Pedro Montt, en los predios destinados a Gendarmería en la esquina de Club Hípico, como también del Instituto de Desarrollo e Investigación del Ejército.
Cordero detalló que se firmó “un oficio al Ministerio de Vivienda para hacer efectiva la atribución conferida por ley con el propósito de ampliar establecimientos penitenciarios”. De la misma forma, el ministro explicó que “de acuerdo a las atribuciones que entregó el Congreso, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley separado que permite eximir algunos trámites adicionales”, eso, por ser un proyecto estratégico y por razones “de seguridad pública”.
Según el Ministerio de Justicia, el terreno en Santiago fue el elegido porque es un barrio judicial consolidado, el único terreno fiscal con condiciones de construcción (agua, luz) inmediata, un sistema de inhibición de telefonía ya en funciones y cercanía con los Tribunales, para evitar traslados que pueden arriesgar fuga.
De acuerdo a Cordero, había pocas opciones si lo que se buscaba era rapidez en la construcción, porque otro de los motivos es la sobrepoblación de otros centros penitenciarios. “El desarrollo de nuevos centros penitenciarios está tomando un tiempo muy significativo. En Santiago I existe una sobrepoblación importante que ha llevado al Fisco a pagar más de 21 mil millones de pesos en sobreprecio”.
La nueva construcción sólo recibirá a 500 reclusos, pero los intentos por solucionar el hacinamiento se ampliarán. De acuerdo a Cordero, “la atribución entregada por la ley 21.636 el Ministerio de Justicia se hará efectiva en al menos tres lugares adicionales, distintos a la comuna de Santiago”. De esa manera, el Gobierno anunció otras tres ampliaciones o nuevas construcciones, que no serán para reos de alta peligrosidad, y quiso dar un mensaje a la Municipalidad de Santiago de que no era la única elegida para recibir nuevos reos.
Así como hubo que esperar casi una semana para conocer el sitio definitivo de la nueva Cárcel de Alta Seguridad, los tres municipios que recibirán los anunciados recintos penitenciarios se conocerán en el futuro.
Entre los parlamentarios hubo apoyo. El diputado Andrés Jouannet (Ama.) dijo que el ministro Cordero les confirmó que “la cárcel se comienza a construir el primer semestre o principios del próximo año y debiera estar terminada en 2025″, mientras que su par Camila Flores (RN) indicó que solicitó “algunas modificaciones, como concurrir con más plazas de las 500″.
Otro diputado, Andrés Longton (RN), se mostró conforme con la construcción, pero añadió que “también es necesario construir cárceles en las afueras de las ciudades, esa es la tendencia a nivel mundial”.
La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS, agregó que “ese barrio ya tiene toda la infraestructura y lo lógico es que se utilicen estas condiciones para que se establezca también este penal”.
Casi la única voz que mantuvo las críticas hacia el nuevo recinto penal fue la de la alcaldesa Irací Hassler (PC), junto con la de todo el Concejo Municipal. “En Santiago no estamos disponibles para hacer una zona de sacrificio para la delincuencia y el crimen organizado”, expuso.
“Las políticas tienen que ser coherentes: no puede ser que, por un lado, queramos más seguridad para la capital de nuestro país y, por otro lado, no exista una posibilidad de instalar una cárcel que afectaría más aún a todas las externalidades que ya sufren los vecinos del sector de Pedro Montt”, dijo la alcaldesa.
Como ministra vocera (s) de Gobierno, Jeannette Jara comentó que “es evidente que aquí hay muchos gobernantes locales, alcaldes y alcaldesas, que van a querer entregar su opinión y cualquier diferencia que se pueda abordar, evidentemente tiene que irse resolviendo desde el impacto mitigatorio a través de distintas medidas que se puedan adoptar”.
Las medidas para mitigar el impacto también fueron comentadas por el ministro de Justicia, Luis Cordero. “El desarrollo de establecimientos penitenciarios produce impacto en las comunidades locales, todo lo que tenga que ver con medidas de mitigación y de compensación fue conversado con los parlamentarios”.
El gobernador de la RM, Claudio Orrego, señaló que “en qué circunstancias, qué compensación hay, debe determinarlo el Gobierno”.
En tanto, los vecinos del barrio Rondizzoni hicieron una manifestación frente al Palacio de La Moneda.
