La Fiscalía Regional de Arica confirmó que la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas se llevará a cabo el próximo jueves 25 de julio. El conscripto de 19 años falleció durante una instrucción militar en la Brigada Huamachuco del Ejército en Putre.
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La nueva exhumación tiene como objetivo realizar una segunda autopsia siguiendo el Protocolo de Minnesota, el cual se aplica en casos donde se sospecha la participación del Estado en la muerte de una persona.
Fue el pasado 11 de julio que el Juzgado de Garantía de Arica autorizó la exhumación a petición de la fiscalía regional. La madre de Franco Vargas también dio su consentimiento para esta diligencia, siempre y cuando la nueva autopsia se realice según el mencionado protocolo.
El fiscal regional Mario Carrera, encargado del caso Putre, declaró que la exhumación está programada para la mañana del jueves y que la nueva autopsia se efectuará ese mismo día o el viernes 26 de julio, dependiendo de la disponibilidad de los peritos. “Buscamos complementar la autopsia realizada el 27 de abril pasado, debido a algunas dudas surgidas durante su análisis, y evaluarla bajo el Protocolo de Minnesota”, indicó Carrera.
Esta exhumación representa la primera acción decretada después del fallo de la Corte Suprema, que trasladó el caso a la justicia civil. La intención de la fiscalía es esclarecer los eventos que condujeron a la muerte del conscripto y determinar si existieron apremios ilegítimos que pudieran haber influido en su fallecimiento.
Según los antecedentes recabados por la fiscalía, Franco Vargas fue ingresado de urgencia al Cesfam Rural de Putre el pasado 27 de abril sin signos vitales, y su muerte fue constatada a las 7:12 horas.
La autopsia inicial, realizada por el Servicio Médico Legal, no siguió el Protocolo de Minnesota como debió ser, lo cual ha sido motivo de preocupación tanto para la fiscalía como para la familia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
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¿Cuándo se requiere aplicar el Protocolo de Minnesota?
El Protocolo de Minnesota se aplica en casos de muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada, y contempla tres situaciones específicas: cuando la muerte pudo ser causada por actos u omisiones del Estado, cuando la persona fallecida estaba detenida o bajo custodia del Estado, y cuando la muerte podría resultar del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida.
El caso Putre ha generado gran interés y expectación en la comunidad, que se espera que esta segunda autopsia aporte claridad sobre las circunstancias de la muerte de Franco Vargas. La diligencia programada para el 25 de julio será crucial para determinar si hubo responsabilidades estatales en este trágico deceso del joven soldado de tan solo 19 años.
