Sumado a las medidas informadas el miércoles por el Ministerio del Interior, el Presidente, Gabriel Boric, anunció ayer la construcción de una cárcel de alta seguridad, lo que le valió apoyo casi transversal.
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El Ejecutivo no especificó en qué lugar se erigirá el edificio, pero sí que su costo será de $ 90 mil millones y podrá recibir a 500 reclusos peligrosos, para evitar que tengan contactos que les permitan seguir delinquiendo y no se relacionen con primerizos.
Las autoridades adelantaron que exceptuarán algunos permisos para que se construya lo antes posible, que el inicio de obras sería muy pronto y que se proyecta que esté lista antes de que termine el gobierno, en marzo de 2026.
“Esto concreta lo que se venía trabajando hace tiempo por parte del Ministerio de Justicia”, señaló el Presidente en el anuncio, que se hizo después de la segunda reunión de seguridad en días consecutivos. Además, develó que se contemplan “100 plazas en la cárcel La Laguna y 100 plazas adicionales en Antofagasta” antes de que finalice su administración.
El ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, detalló en CNN que el proyecto contempla “celdas individuales monitorizadas las 24 horas y un régimen penitenciario muy estricto, con pocas horas de patio y sin contacto con otros internos y visitas muy controladas”. La ministra del Interior, Carolina Tohá, había aclarado antes que no se seguirá el modelo salvadoreño.
Ex-Ante publicó que el sitio elegido sería un recinto militar a un costado de la Penitenciaría, ante lo cual la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), expresó que “como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente. La tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano”.
El mensaje en contra de la resolución de La Moneda se suma a una serie de choques entre las opiniones del ejecutivo y el Partido Comunista.
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Otra alternativa sería un terreno en la comuna de Til Til, pero lo seguro es que estará en la Región Metropolitana.
La idea fue aplaudida por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien aseguró que “hace más de un año propusimos crear una fuerza de tarea conjunta y hace cinco meses, la urgencia de contar con una nueva cárcel de máxima seguridad”.
El timonel de la UDI, Javier Macaya, valoró que “el Presidente después de decir que no iba a hacerle caso a la UDI haya escuchado a nuestro partido respecto a la importancia de tener mayor capacidad carcelaria”.
Diego Ibáñez, líder del Frente Amplio, dijo que “la propuesta de crear una nueva cárcel se la habíamos hecho hace un tiempo al ministro de Justicia, Luis Cordero”, mientras que Paulina Vodanovic, presidenta del PS, señaló que “son medidas que se han venido conversando y dialogando en la Comisión de Seguridad del Senado”.
Piden urgencia a viejos proyectos y proponen más
A las medidas que se anunciaron el miércoles, como el fortalecimiento de las policías, se sumaron ayer otras, más allá de la cárcel de alta seguridad. “Como Presidente de la República, me he propuesto como meta reducir los homicidios que han venido al alza en nuestro país desde el 2016 y, durante nuestro Gobierno, frenar y desarticular el ingreso y operación de bandas de crimen organizado”, prometió Gabriel Boric.
El Mandatario reafirmó el compromiso de crear una Unidad de Acción y Seguridad para la RM entre Interior, las policías, el Ministerio Público y Gendarmería que será coordinada por el delegado presidencial, Gonzalo Durán, y tomará decisiones a nivel regional o local (sector, barrio o comuna).
También se expuso la creación de una Fuerza Especial en Gendarmería para las cárceles de máxima seguridad, así como discusión inmediata al proyecto de Inteligencia Económica y el del Sistema de Inteligencia del Estado. “Espero contar con el apoyo del Congreso para lograr despachar estos proyectos”, afirmó Boric. La próxima semana deberían ser ingresados ambos textos.
Sobre el proyecto de Sistema de Inteligencia del Estado, “está en la Cámara de Diputados desde 2018″, se quejó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien reconoció que “con las mesas de ambas cámaras nos habíamos comprometido por el fast track de seguridad a tenerlos aprobados antes de octubre. Sin embargo, al ritmo que vamos, no alcanzaríamos a cumplir”.
Ayer se realizaba otra reunión con bancadas oficialistas e integrantes de las comisiones de Seguridad a cargo del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y están planificadas citas con los presidentes de esas comisiones y con parlamentarios de oposición.
En tanto, la senadora María José Gatica (RN) solicitó al Gobierno dar urgencia a los proyectos que permitirían a los militares colaborar en el control de identidad y el que termina con el beneficio de irreprochable conducta anterior para extranjeros que no la acrediten.
Lo mismo pidió el diputado Héctor Ulloa (Ind./PPD) para la iniciativa que elimina funciones de notificaciones a 2.500 carabineros.
