Los choques no paran en la Corte Suprema, y ahora fue la ministra Ángela Vivanco quien presentó un par de recursos para anular la investigación por tráfico de influencias en el Poder Judicial y para solicitar la inhabilidad del presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, y de la ministra Andrea Muñoz.
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La exvocera del máximo tribunal es investigada por el presunto tráfico de influencias ejercido por su pareja, Gonzalo Migueles, quien habría ofrecido a un candidato a fiscal nacional un doctorado y la dirección de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, además de hacer lobby en la designación del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, detalles conocidos a través del WhatsApp del abogado Luis Hermosilla.
Ángela Vivanco presentó a las 18:20 del lunes 15 de julio un escrito de seis páginas en el que solicita la nulidad de todas las actuaciones realizadas antes del 9 de julio por la Comisión de Ética nombrada por la Corte Suprema y que la indaga a ella y a sus colegas Jean Pierre Matus, Mario Carroza y María Teresa Letelier.
Y a las 18:24 del mismo día ingresó once paginas en las que pide la inhabilidad de Ricardo Blanco y de Andrea Muñoz, pues ambos emitieron antes dictámenes sobre el caso ético en cuestión.
Según información de Radio Biobío, Ángela Vivanco acusa a sus pares de actuar fuera de la legalidad.
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El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, sostuvo que “es importante que exista transparencia en los poderes del Estado, más aún en el Judicial, que es tan importante a la hora de actuar en virtud del derecho y no en base a presiones, para así por garantizar el debido proceso y la claridad en el el actuar de los jueces”.
Y el abogado Christian Becker, director de Becker Abogados, dijo que “la ministra Ángela Vivanco está utilizando los incidentes de nulidad para defender, en su concepto, su derecho al debido proceso, que se basa en que las partes cuenten con los mismos derechos y garantías ante el mismo”.
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“Pero ese derecho puede ser mal usado como parte maniobras dilatorias o defensivas, lo que es sancionado por medio de la mala fe procesal o la condena en costas. Por lo tanto, si en el procedimiento de ética se establece que ella utiliza estas incidencias como parte de una estrategia meramente dilatoria o defensiva, puede ser condenada en costas u otra sanción disuasiva”.
ANÁLISIS ACADÉMICO: “LA CORTE SUPREMA ESTÁ DESLEGITIMADA”
Cristián Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, UDP, ahondó en lo visto en las últimas semanas en la Corte Suprema.
“Han quedado en evidencia malas prácticas que los cercanos al sistema conocíamos desde hace tiempo, sobre todo el tráfico de influencias en el tema de las designaciones, que no se hacen por mérito sino que por intercambios de favores o compromisos personales”.
“La Corte Suprema está deslegitimada y dividida, porque varios ministros están involucrados en actividades impropias de su función. Hay jueces que están en desacuerdo con estas prácticas y quieren ponerle término, y hay otros rodeados de intereses de todo tipo... Y la ministra Ángela Vivanco, protagonista por su pareja de un caso escandaloso e inapropiado, tomó una actitud de litigación agresiva que pone a la Corte Suprema en una situación imposible”.
Según el profesor universitario, “una posibilidad era que la propia Corte Suprema encontrara la solución al problema, lo que era ideal pero no sucederá... El tema debe ser resuelto por el sistema político, el Gobierno y el Parlamento, pero hay enormes intereses económicos y de influencia presentes, por lo que esta vía no me parece posible. La situación se ve muy mala y hasta ahora no asoma un camino de resolución que le devuelva al Poder Judicial su prestigio”.
El representante de la UDP recordó que “el Poder Judicial, junto al Congreso y los partidos políticos, están últimos en las encuestas de aprobación ciudadana, y ese estado puede seguir empeorando... Lo de la Corte Suprema puede pasar a ser una guerra de intereses y de lobby, y así la Justicia se arriesga a perder totalmente su credibilidad. Eso ha pasado en otros países y sigue pasando, pues en la mayor parte del mundo occidental el sistema judicial es objeto de luchas políticas y de los partidos, pues buscan apropiarse del sistema y que jueces operen en favor de tales intereses. Lo vemos en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, por lo que el panorama no es esperanzador”.
