El Comité de Ética de la Corte Suprema indagará a cuatro magistrados por sus eventuales vínculos con el tráfico de influencias en el nombramiento de jueces en el llamado “Caso Whatsapps”. Se trata de Mario Carroza, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y María Teresa Letelier.
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Esa Comisión iba a estar integrada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y las ministras Gloria Ana Chevesich y Adelita Ravanales, pero la vocera del Alto Tribunal, María Soledad Melo, explicó ayer que esta última se inhabilitó porque fue compañera de universidad, comparte sala y mantiene cierta cercanía con Vivanco. En su reemplazo fue nominada la ministra de la corte Andrea Muñoz.
Los nombres de los jueces aparecen, de acuerdo a una investigación de Ciper, entre los miles de mensajes de texto descubiertos en el teléfono del abogado Luis Hermosilla, en este caso, demostrando gestiones de lobby para que el nombramiento de jueces y otros cargos. Algunas de esas conversaciones serían con Mario Desbordes.
Una de las investigadas, María Teresa Letelier, habló ayer en los pasillos de Tribunales, lo que no es común con los magistrados de la Corte Suprema. Dijo que está “a disposición de la Corte, por supuesto, porque yo aparezco al parecer en una conversación de un colega, no soy yo quien conversa con el señor Mario Desbordes, quien le pide ayuda para mi nombramiento. Si el señor Desbordes hizo algo para mi nombramiento, no lo sé. Quien nada hace, nada teme”.
Sobre si es habitual el lobby para conseguir estos cargos, Letelier aseguró que “es un nombramiento que al final es político, estamos en un poder del Estado donde los poderes se tienen que poner de acuerdo”. De paso, descartó tensiones dentro de la Corte.
Por su parte, el ministro Matus solicitó que la Comisión de Ética se declare incompetente. “Yo no he hecho ninguna gestión reprobable de nada, en ningún caso”, señaló. Luego, explicó que en esa época “yo no era ministro de esta corte, no era funcionario judicial y, por lo tanto, esta corte no tiene ninguna competencia para conocer de actuaciones que no son de los miembros del Poder Judicial”.
Mientras, la ministra Vivanco, según informa La Tercera, también objetó al Comité: “Con fecha 10 de julio e instada a firmar como notificada del presente documento, me niego a hacerlo, mientras no se me indique el ámbito temporal y espacial de la referida investigación y a qué mensaje se refiere, en conformidad con el autoacordado que regula a la Comisión de Ética”.
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Quien fuera presidente de la Comisión sobre el “Caso Audios”, el diputado Daniel Manouchehri (PS) expuso en CNN que “una de las aristas más importantes del ‘Caso Hermosilla’ es la de una eventual red que existiría en el Poder Judicial. Acá está en juego la credibilidad del sistema de justicia y de la democracia”.
También parte de esa instancia investigadora, Miguel Mellado (RN) agregó que “ya era hora que el Poder Judicial echará a andar la Comisión de Ética, que está ahí hace muchos años pero no funciona”.
