La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó la condena que impuso el Juzgado de Policía Local de Calama al establecimiento educacional, debido a una grave situación de acoso escolar registrado el año 2018 en el Colegio Guadalupe de Ayquina.
De acuerdo a la investigación, se pudieron comprobar los hechos denunciados por la menor que cursaba en esa época sexto básico y sus padres, estableciendo una multa de 7 millones y medio (15 ingresos mínimos mensuales), una indemnización de 10 millones para la niña y de 5 millones para cada uno de sus padres.
En total, el Colegio tendrá que desembolsar 27 millones y medio de pesos, monto que “no repara el daño causado a la menor y sus padres”, según el fallo.
Según se pudo establecer, la exestudiante fue víctima de violencia física y psicológica por parte de otras alumnas del recinto, sin que el establecimiento educacional tomara las medidas .
El magistrado del Juzgado de Policía Local de Calama, Manuel Pimentel, indicó que la “víctima sufrió agresiones de todo tipo, las cuales se extendieron en su estadía en el colegio, y que no fueron remediadas por las autoridades”, según consignó la Estrella de Antofagasta.
“Se inició una investigación del tribunal para ver si eran efectivos los hechos y luego de una extensa recopilación de antecedentes, se pudo comprobar que era efectiva la denuncia y que también eran efectivos los daños producido en los padres de la niña y en la niña particularmente que tuvo que se retirada del colegio”, afirmó el magistrado.
Descargos del colegio
Por medio de un comunicado, el Colegio Guadalupe de Ayquina señaló respecto del caso que “cuentan con profesionales preparados y capacitados en el reglamento interno, con los protocolos para el manejo de las diversas situaciones escolares, entre ellos, los de convivencia escolar exigidos por nuestro ordenamiento jurídico y por la autoridad educacional”.
Además, agregaron que “el caso del año 2018 objeto de la publicación, fue adecuada y responsablemente abordado por los equipos docentes y directivos de la época, conforme a los protocolos y políticas de convivencia de esos años”.
En esa misma línea, agregan “que este proceso fue revisado y controlado por la Superintendencia de Educación, quien determinó que el Colegio actuó correctamente”.
Finalmente, expresaron que “este hecho, doloroso para nuestro Colegio, es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso de educar al respeto irrestricto a las personas que forman parte nuestro establecimiento”.
