La diputada Camila Flores (RN) propuso esta tarde disolver el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por considerar que el organismo se ha instrumentalizado por “intereses partidistas” y “no está cumpliendo” con su “función de velar por los derechos humanos de todos los ciudadanos”.
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La propuesta de la parlamentaria derechista llegó luego de las recientes críticas en contra del INDH, principalmente tras la presentación de una querella penal por eventuales delitos de tráfico de influencias en la designación de ministros de la Corte Suprema, lo que se encuentra fuera del ámbito de sus competencias, según explicó Flores.
La propuesta de Camila Flores
Por este tipo de situaciones es que la diputada anunció que presentará un proyecto de Ley que busca disolver al actual instituto de DDHH.
“En reiteradas ocasiones ha quedado en evidencia el sesgo ideológico del INDH, quienes para algunas causas dicen que no está dentro de sus atribuciones, sin embargo, para beneficiar a sus amigos del PC sí están disponibles”, argumentó Flores.
En reiteradas ocasiones ha quedado en evidencia el sesgo ideológico del INDH
— Camila Flores
“Ellos son un órgano del Estado, por lo tanto, deben estar disponibles para defender los derechos humanos de todos los chilenos, y no solamente cuando hay causas políticas detrás”, aseveró la congresista, quien apuntó que su propuesta busca eliminar al actual órgano y reemplazarlo por “otro organismo que sea objetivo y se aboque a sus funciones”.
“No se justifica que el actual INDH siga funcionando de la misma forma que lo está haciendo hasta ahora, por lo mismo estamos planteando que se pueda eliminar esta institución”, explicó.
Según indicó la parlamentaria, este proyecto menciona que la principal advertencia realizada dice relación con la manifiesta posición política que detenta la institución, la cual ha quedado en evidencia en distintas ocasiones. Una de ellas, las afirmaciones de Sergio Micco, quien tras su salida como Director del INDH comunicó que habría “recuperado” su libertad de expresión, denunciando constantes presiones de partidos políticos y otras organizaciones civiles para emitir pronunciamientos en contra de su voluntad.
Otro argumento que destacó la diputada fue el hecho de observar tras los violentos hechos que tuvieron lugar en octubre de 2019, por el estallido social, una serie de irregularidades del INDH en el proceso de entrega de pensiones de gracia a personas “lesionadas” en dicha época, y que en algunas fiscalizaciones se comprobó la “inclusión de personas en la lista de beneficiarios que no cumplían con los requisitos para recibir pensiones de gracia e incluso, de personas que contaban con antecedentes penales”.
