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Sernac oficia al arzobispado de La Serena por exhumaciones sin aviso en el cementerio Punitaqui

A la fecha se han recibido 29 reclamos por cambios en las condiciones del servicio.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una investigación en contra del arzobispado de La Serena, por infracciones a la Ley del Consumidor, en su calidad de administrador del Cementerio Parroquial de Punitaqui, luego de una serie de denuncias que se presentaron durante el mes de abril.

Por medio de un comunicado, el Sernac informó que a la fecha “se han registrado 29 reclamos, la mayoría de los cuales señalan que el cementerio ha cambiado las condiciones del servicio, incluyendo el cobro de sepulturas que inicialmente se consideraban perpetuas”. Cambios contractuales que según “las familias afectadas no fueron informados, así como tampoco los aumentos de tarifas y la falta de información”.

Los denunciantes aseguran que de parte de la administración del Cementerio Parroquial de Punitaqui han existido “cobros excesivos, modificación de los contratos, incumplimiento del servicio de mantención, amenazas de exhumación de cuerpos y exhumaciones sin previo aviso”, según detalla el Sernac.

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Oficio al arzobispado

Ante las denuncias, el Sernac ofició al arzobispado de La Serena para que “entregue información sobre los contratos y servicios que ofrecen, número de consumidores afectados, descripción sobre lugares, sectores y fechas de los hechos, los mecanismos dispuestos para resarcir los perjuicios sufridos y el plazo establecido para ello”, señala el comunicado.

El director regional del SERNAC, Rodrigo Santander, explicó que “sin duda se trata de situaciones complejas, que afectan gravemente a las familias. Hay que considerar además que las personas podrían ser más vulnerables a abusos si se encuentran en un contexto de dolor por la pérdida de un ser querido, por ello iniciamos está investigación”.

Desde el organismo añadieron que “el objetivo es analizar el comportamiento de la empresa Cementerio Punitaqui respecto de sus obligaciones y exigencias establecidas en la Ley del Consumidor, con especial consideración en la revisión de los contratos, así como de aquellas prácticas informadas por los consumidores en reclamos y alertas ciudadanas”.

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