Sebastián Andrade, abogado de la familia de Franco Vargas, conscripto militar muerto luego de una campaña en Putre, acusó al Ejército de Chile de “hostigamiento” para obtener firmas de documentos que podrían exculparlos de eventuales responsabilidades en el deceso del joven.
En conversación con CNN Chile fue donde el representante legal de Romy Vargas, la madre del conscripto muerto, alertó de una eventual presión de la institución luego de conocerse la resolución tomada el viernes pasado por la Corte Suprema, respecto de acoger la orden de no innovar presentada por la Fiscalia Militar para conseguir que el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía de Arica detuvieran sus investigaciones respecto de los motivos de la muerte de Vargas.
El “hostigamiento” del Ejército
Si bien aseguró que no cree que exista amedrentamiento de parte de la institución castrense respecto de familiares de la víctima o de los demás conscriptos que pidieron su baja por los abusos denunciados en contra del Ejército, Andrade indicó que “sí ha tenido muchos acercamientos que han sido un poco indebidos, quizás han caído un poco en el hostigamiento”.
“Me refiero con esto a llamadas insistentes, con mensajes a través de WhatsApp, con idas a su domicilio en horarios no acordados y con lo que ello implica también para mi representada”, agregó el abogado, quien apuntó que tales contactos han sido “con el objeto de conseguir que ella firme documentos, que dicen relación con pagos de seguros, pagos de pensiones y otros documentos que nosotros preferimos revisar primero”.
“Había un documento que le querían hacer firmar, en que el Ejército afirmaba o determinaba que lo que le ocurrió a Franco Vargas habían llegado a la convicción de que fue un accidente y que por tanto le correspondía una pensión. Ese documento casi que se lo hicieron hacer firmar muy rápidamente en su domicilio, nosotros lo revisamos y por supuesto no lo firmamos”, denunció Andrade, convencido que detrás de estas acciones existe una cierta intención de parte del Ejército.
“Yo creo que sí, una intención de buscar una víctima vulnerable y que rápidamente, quizás, firme ciertos documentos que a ellos los pueda exonerar o ayudar en responsabilidad”, finalizó.
