El cibercrimen ya es una verdadera industria. De hecho, solamente el año pasado, sus ganancias fueron de alrededor de 4.000 trillones de dólares, por lo que urge una institucionalidad para combatirlo.
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En este escenario, Chile está marcando tendencia dentro de Latinoamérica. El 8 de abril, el Diario Oficial publicó la nueva Ley Marco Ciberseguridad, convirtiéndose en el primer país de la región en promulgar una.
Para analizar sus implicancias, la consultora internacional WTW organizó un seminario con expositores que estuvieron directamente involucrados en el desarrollo de la legislación. Entre ellos estuvo Jorge Atton, ex Asesor Presidencial en Ciberseguridad en el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, quien destacó que ya existe un marco regulatorio, en que somos pioneros en Latinoamérica.
“Esta ley va a tener una serie de obligaciones muy claras en todas las instancias. Hay un avance fundamental desde el punto de vista de las exigencias que van a tener las empresas, los ejecutivos y las personas. El cibercrimen no es una empresa, es una industria, que está moviendo mucho más dinero que las mismas industrias per se”, comentó quien fuera asesor presidencial en esta materia. “El gran objetivo es apuntar a un espíritu de cooperación y de información, de tal forma que nos protejamos entre todos”, complementó.
En relación a la educación sobre los riesgos de este nuevo tipo de crimen, el otrora personero gubernamental advirtió que falta mucho por hacer. “La gente todavía no le toma el peso. De hecho, si ves todos los grandes incidentes de ciberseguridad que hemos tenido en Chile en los últimos dos años, el 90% ha sido producido por deficiencias de los mismos funcionarios o trabajadores. Claramente hay un desconocimiento, una falta de capacitación y de conciencia”, alertó, agregando que “una de las responsabilidades más importantes es crear campañas para que la población tome conocimiento y medidas respecto al tema de la ciberdelincuencia, como la protección de los datos personales, por ejemplo”.
Finalmente, el experto se refirió a los costos que tendrá esta puesta en marcha. “Para el Estado, ya significa una orgánica bien robusta, por lo menos 100 ó 150 personas van a ser necesarias, ya que se requiere implementar los centros de respuestas, que no sólo van a estar en el Ministerio del Interior, sino que también serán sectoriales. Sin embargo, la relevancia mayor es que las industrias y las compañías van a tener que hacer inversiones para tener los sistemas de protección e información en línea, porque las multas son bastante altas”, explicó.
“Muchas empresas e instituciones chilenas están en una situación vulnerable”
Otro de los expositores del seminario fue el abogado Juan Ignacio Gómez, quien estuvo involucrado en la redacción misma de la ley. Justamente respecto a las sanciones pecuniarias, detalló que “uno puede encontrar multas que van desde 5 mil a 20 mil UTM para los prestadores de servicios esenciales, y de 10 mil a 40 mil UTM para operadores de importancia vital. Obviamente, están establecidas según el tipo de infracción, impacto y gravedad que afecte”.
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En ese sentido, en la misma línea de Jorge Atton, hizo un llamado a las personas jurídicas “a que se informen de cuáles son los incumplimientos, a que mejoren los procesos y, sobre todo, los invitaría a involucrarse activamente en la generación de la normativa, porque los mayores riesgos que uno advierte en el corto y mediano plazo son su implementación y sus impactos en las empresas”.
También estuvo presente en la cita el hacker ético Víctor Contreras, quien igualmente alertó sobre la falta de conciencia en las empresas chilenas para trabajar en estrategias de ciberseguridad efectivas, especialmente ante los crecientes peligros que genera la inteligencia artificial. “Es crucial mantenerse actualizado sobre las nuevas técnicas que utilizan los cibercriminales para atacar a las organizaciones, como, por ejemplo, el uso de deepfake y la manipulación de la voz, entre otros. Como consultor, he observado que muchas empresas y organizaciones de diversos sectores en Chile presentan niveles de madurez en ciberseguridad considerablemente bajos, no sólo en sus capacidades de detección, prevención y respuesta ante incidentes, sino también en materia de resiliencia de los usuarios finales. Se encuentran en una situación vulnerable ante las crecientes amenazas”, agregó.
Por último, Marcela Visbal, Head of Finex Product Latam de WTW, explicó que prontamente estará a disposición un seguro para personas naturales. “Ya existe, las coberturas y el soporte los tenemos, el tema es que estamos trabajando en los canales de distribución. Estamos viendo con aseguradoras o bancos para que se lo ofrezcan a sus clientes, o con empresas como beneficios para sus empleados”, concluyó la gestora del encuentro.
