El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que presentará una querella por apremios ilegítimos a raíz de la fatal marcha de Putre que terminó con la vida del conscripto Franco Vargas. Según el jefe interino de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, David Bahamondes, la situación constituye “derechamente una violación a los derechos humanos”, por lo que anunció que realizará investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
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A raíz de las vulneraciones reportadas por conscriptos en diversos medios de comunicación, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por “la situación que afectó a conscriptos que realizaban el servicio militar (…) y que culminó con uno de ellos fallecido y 4 hospitalizados. Estos hechos han sido monitoreados por las sedes de las regiones de Arica y Parinacota, Metropolitana y por la dirección nacional del INDH”.
“Los conscriptos estaban bajo el cuidado directo del Estado, en el contexto de la realización del servicio militar. Por lo tanto, debían recibir la preparación, herramientas y condiciones materiales para así garantizar el ejercicio de sus derechos, sin discriminación y con el adecuado desempeño de las actividades correspondientes, tal como lo indica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce el derecho de acceder a la función pública en condiciones de igualdad”, sostuvo Bahamondes.
“Aquí hubo derechamente una violación a los derechos humanos”
“Aquí hubo derechamente una violación a los derechos humanos, lo afirmamos categóricamente. El Instituto se constituyó en las afueras de las instalaciones militares, tuvo contacto con las familias de estos jóvenes, y ya en las últimas horas de anoche, pudo entrevistar a jóvenes que voluntariamente quisieron otorgar su relato. Y se confirman las vulneraciones que se han ido señalando por medios de prensa. Nosotros creemos que estos hechos van más allá de una negligencia, ya presentamos una denuncia penal y ahora presentaremos una querella”, dijo la autoridad citando como los hechos más graves los relativos a “tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”.
Finalmente el personero afirmó que es deber del Estado “velar por los derechos fundamentales de los jóvenes que están cumpliendo su servicio”.
“Hay una obligación de rendir el servicio militar en nuestro país, lo importante es que cuando los jóvenes están bajo el cuidado del Estado y están cumpliendo su servicio, tiene que haber un nivel particular de cuidado de sus condiciones de vida, y de su salud física y psíquica. Eso es lo que creemos que tiene que resguardarse y en este caso no ocurrió y por lo tanto estamos haciendo las acciones penales”, sentenció David Bahamondes.
