El ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, ha expresado una profunda preocupación y crítica hacia la reciente resolución del juez Daniel Urrutia, la cual autoriza a reclusos de alta peligrosidad en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) a realizar videollamadas con personas externas.
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Según Gajardo, esta medida representa un riesgo inminente para la seguridad tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.
La decisión del juez Urrutia, revelada por Mega Investiga el pasado 25 de enero, se basó en una solicitud presentada por cuatro internos del REPAS. Sin embargo, el ministro (s) de Justicia ha advertido que estos individuos son líderes destacados de bandas criminales responsables de delitos extremadamente graves, como extorsiones, trata de personas, secuestros y homicidios, lo que los convierte en una amenaza significativa para la sociedad.
Gajardo habló de la importancia de mantener un régimen segregado en el REPAS, diseñado específicamente para evitar la propagación del crimen organizado y proteger a la población penal y a la sociedad en general. Permitir a estos reclusos comunicarse mediante videollamadas con el exterior, sostiene el ministro (s) de Justicia, socava estos esfuerzos y podría facilitar la continuidad de las actividades delictivas de estas bandas.
“pone en riesgo no sólo la seguridad de los funcionarios del establecimiento penal”, sino que también la seguridad de la sociedad. “Por eso esta resolución es gravísima”, remarcó, segpun informó Meganoticias.
La preocupación del Gobierno y de Gendarmería se centra especialmente en que en el REPAS están recluidos individuos vinculados a bandas notorias como el Tren de Aragua y Los Gallegos, lo que aumenta el potencial de peligro que representa esta medida.
Ante esta situación, Gendarmería ha presentado un reclamo contra la decisión del juez Urrutia, sin embargo, este último ratificó su resolución. Como respuesta, el organismo penitenciario ha recurrido a la Corte de Apelaciones de Santiago, obteniendo una orden de no innovar que suspende temporalmente la medida mientras se evalúan los argumentos de ambas partes.
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Crítica transversal a Urrutia
Las críticas hacia la decisión del juez Urrutia también han surgido desde diversos sectores políticos.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, ha lamentado que esta medida pueda poner en riesgo los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad carcelaria.
Por su parte, el diputado Raúl Leiva ha señalado que la resolución no refleja adecuadamente el nivel de peligrosidad de los internos, mientras que la senadora Ximena Ossandón y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, han condenado la decisión por considerar que favorece a los delincuentes en detrimento de la seguridad ciudadana.
