“No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”, reza un conocido dicho popular. Y ello encuadra a la perfección con las cuentas de la luz, congeladas desde el año 2019 debido al “Estallido Social”, lo que luego fue ampliado por la pandemia de coronavirus, decisión de la autoridad que ha generado una multimillonaria deuda con la empresas energéticas.
Por eso la Comisión Nacional de Energía, CNE, aprobó el Informe Técnico Definitivo de Fijación de Precios Nudo Promedio 2023, conocido el último martes y que determina los precios 2024.
Y ese texto anticipa alzas de hasta un 88,43% para los clientes que consuman más de de 500 kWh (kilowatt por hora), lo que afectaría a pequeños comercios, centros de salud, municipalidades y colegios, entre otros.
La variación sería de 8,21% para el primer tramo, con un consumo de hasta 350 kWh y que involucra a cerca del 90% de los clientes. Y en el grupo intermedio, entre 350 y 500 kWh, el alza sería de 11,55%.
El secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, explicó que “en este periodo de cuatro años se ha acumulado una deuda superior a los cinco mil millones de dólares con las generadoras, monto que hay que empezar a pagar... La ley establece que los clientes de menor consumo están protegidos por alzas paulatinas, pero los de mayor consumo no tienen esa salvaguarda”.
LA VOZ OFICIAL
Desde el Gobierno fue el ministro de Energía, Diego Parlow, quien puso paños fríos al asunto.
“Los ajustes a las cuentas de electricidad únicamente ocurrirían cuando el Ministerio de Energía emita el nuevo decreto tarifario y este tenga la toma de razón por parte de la Contraloría, cosa que no ha ocurrido. Además, es importante recordar que estamos trabajando junto con el Senado y con la Cámara de Diputados para reformar la ley vigente, y así evitar este tipo de alzas tan significativas para acercar de forma progresiva y razonable los precios que pagan las instituciones a los costos reales de producir la energía. Y junto a lo anterior, se presentará un subsidio para las familias más vulnerable. Lo esencial es darles la tranquilidad a las personas: esto es un paso intermedio, no el definitivo”, dijo el secretario de Estado.
El ministro Diego Pardow añadió que “llevamos un par de meses trabajando con el Parlamento este proyecto de ley, y esperamos presentarlo la próxima semana. La CNE decide mostrar las proyecciones específicas que ellos suponen, pero si conseguimos que el proyecto de ley sea tramitado de manera razonable durante el primer trimestre de este año, para lo cual tenemos el compromiso de ambas partes, no sería necesario materializar las alzas que menciona el informe”.
Esta iniciativa permitiría cambiar la ley vigente, marco bajo el cual la CNE efectuó las estimaciones conocidas hace dos días, lo que ajustaría otra vez tales proyecciones.
UNA MIRADA DESDE EL CONGRESO
El diputado de RN Andrés Celis integra la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja. Y desde ese lugar analiza lo que pasa con las cuentas de la luz.
“Siempre las tarifas eléctricas han sido y son muy estudiadas y reguladas. No hay una especulación al respecto y, por lo tanto, la normalización al alza de las tarifas es inminente y es lo que debe hacerse”, señala el parlamentario.
Y añade que “es de esperar que una vez recuperadas las inversiones en energías renovables, las tarifas eléctricas tiendan a estabilizarse a la baja. Por eso hay que seguir avanzando de forma decidida en diversificar la matriz energética con fuentes renovables, tanto solar como eólica”.
“Espero que las reformas presentadas por la autoridad este miércoles para acelerar permisos sectoriales, efectivamente ayuden a agilizar con mayor prontitud las inversiones en energías renovables, área en la que Chile debe jugar un importante papel. Pero si desde el Gobierno se piensa estudiar un subsidio general, a mi juicio aquello no es viable debido al alto costo que representaría”, cierra el diputado.
ANÁLISIS EXPERTO
El académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica Federico Santa María, USM, Patricio Valdivia, revisa que pasa con el sector energético y sus consecuencias.
“El alza está pendiente desde octubre 2019 y se esperaba materializarlo en junio de 2023, pero fue dilatado bajo la Ley de Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), promulgada en agosto de 2022 y que establece un fondo de 1.800 millones de dólares que evita un gran impacto en los clientes”, dice el profesor.
Según el ingeniero civil eléctrico, quien cursó estudios superiores en EE.UU. y en Italia, “no es justo evaluar como un error el congelamiento de las tarifas, pues la contingencia nacional vivida desde octubre de 2019 y luego a contar de marzo de 2020 por la pandemia hizo imposible ajustar las tarifas eléctricas. Creo que las políticas establecidas por las autoridades de turno fueron acertadas”.
Patricio Valdivia explica que “el problema es que ni el sector ni los cuerpos regulatorios establecieron un consenso en la estrategia para la regularización de las tarifas eléctricas en junio 2023... La fórmula establecida por la CNE es una interesante política pública, cuyo impacto se evaluará luego en su mérito. Pero deberían analizarse estrategias y facilidades para que comerciantes, pymes y otros usuarios afectados no se vean económicamente desfavorecidos”.
Y el gerente, gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Plataforma Energía, Luigi Sciaccaluga, sostiene que “el aumento en el segmento de clientes de mayor consumos se produce por el fin de la estabilización para todos los clientes y por el límite del descongelamiento de las tarifas de los segmentos de menor consumo está limitado, en desmedro del segmento de gran consumo. En otras palabras, el segmento de mayor consumo, con una alta proporción de pymes, terminará financiando la nueva protección para los clientes regulados de bajo consumo”.
El ejecutivo dice que “es vital que el Gobierno acelere el ingreso del proyecto de ley para establecer un mecanismo que estabilice los incrementos, que estaba fijado para octubre pasado... Grandes alzas en las pymes serían dramáticas, por ejemplo, para panaderías con hornos eléctricos, frigoríficos y productoras de hielo, y muchos quebrarían o tendrían que bajar costos y sueldos. Por querer proteger las cuentas residenciales, serían impactadas las fuentes laborales”.
