El 19 de abril de este año fue publicada la Ley 21.553 -bautizada “Ley Uber”-, que regula a las empresas de aplicación de transporte, o EAT.
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Luego de cinco años de trámites en el Congreso, la norma fue aprobada con amplio apoyo. Y desde entonces empezó a correr un plazo de nueve meses, que vence el 19 de enero de 2024, para que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) dicte un reglamento que concrete la ley, la que empezará a regir treinta días después de la total tramitación y publicación del reglamento.
El contenido del borrador de ese reglamento, conocido en septiembre pasado y que sigue siendo trabajado por el MTT, enfrentó a las autoridades con las aplicaciones, las que deberán fijar una residencia en Chile.
Se les exigirá a los conductores contar con licencia Clase A2, la que habilita a transportar a usuarios y es la que tienen los taxistas. También deberán contar con giro de transporte remunerado de pasajeros, iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos y varios seguros.
Y los autos deberán tener una cilindrada mínima de 1,4, no ser más antiguos de siete años y cumplir con la revisión técnica cada seis meses.
Obligaciones que, según varios, harán que muchas personas pierdan su trabajo.
Las aplicaciones se agruparon y su vocera es la exparlamentaria Marcela Sabat. Y Uber lanzó una campaña con una web y el hashtag “Deja Moverme”, que el MTT respondió con la expresión “Muévete sin Miedo”.
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“Hoy son cerca de 220 mil personas las que en Chile reciben ingresos vía aplicaciones. Y si bien creemos que una nueva normativa es una noticia positiva, el proceso debe ser cuidadoso para evitar impactos negativos, como más desempleo”, ha señalado Marcela Sabat.
Y el ministro (s) del MTT, Jorge Daza, dijo ayer en T13 Radio que “la campaña de las aplicaciones confunde a la ciudadanía. Deberían estar ocupadas en ajustarse a la ley más que en una campaña. No estamos contra ellas ni a favor de los taxistas. Queremos regular y profesionalizar un mercado que lleva diez años sin normas, para darles más seguridad a los pasajeros y a los propios conductores”.
PROS Y CONTRAS
El Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales analizó el impacto laboral que tendrían la ley y el reglamento sobre estas “apps”.
Y aunque el director de ese centro, Juan Bravo, sostiene que “está bien que se busque normar a estas aplicaciones”, difiere en algunos aspectos.
“Lo que no nos parece bien es la forma tan polarizada en la que se ha dado la discusión sobre el tema. Y no porque detectemos efectos negativos en el empleo eso significa que se hagan llamados a no regularizar. Son dos cosas diferentes... La regulación debe ser adecuada y bien implementada, para mejorar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios”.
Según el OCEC, casi el 90% de los conductores no podría seguir trabajando en estas aplicaciones, y cerca de 36 mil personas quedarían potencialmente cesantes.
Juan Bravo explica que “el meollo de nuestro estudio indica que hay que mejorar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios, y en ese sentido es válido exigir una licencia Clase A 2″.
“Pero lo de cilindrada mínima dejará fuera a muchos conductores sin mejorar calidad ni seguridad. Ese punto no tiene una justificación técnica adecuada, y lo mismo pasa con la antigüedad de los autos. Sobre ello dicen que es hasta siete años, pero bien podrían ser seis u ocho. ¿Qué avala que desde los siete años se perjudica la calidad del servicio y la seguridad de los pasajeros”, cierra el profesor de la UDP.
UNA VOZ POLÍTICA
Mauro González es diputado de RN e integra la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja. Y es taxativo sobre el tema,
“Sin duda alguna, la ley debe entrar a regir... Esta ha sido una legislación bastante polémica, y ha costado ponerla en marcha. Es entendible la preocupación que hay debido a la gran cantidad de personas que están trabajando como conductores de aplicación y que podrían ver afectadas sus fuentes laborales”.
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De acuerdo al parlamentario, “el tema de fondo es la necesidad de regular por ley a estas aplicaciones de movilidad, pues están transportando a pasajeros y se debe velar por la seguridad de ellos. Las exigencias que se piden son las mismas que cumplen los taxistas, quienes deben pagar su permiso, tener licencia profesional y contar con vehículos adecuados para su labor. Por lo mismo, es importante que el tema del reglamento quede zanjado pronto y que sean escuchados todos los actores involucrados, para mitigar los efectos negativos”.
Y sobre lo que han hecho las aplicaciones, dijo que “creo quo no corresponde intentar meter presión a través de estas campañas, sino que se debe informar a los conductores y pasajeros de forma clara”.
