Tres secuestros producidos en el país en pocos días -uno en Rancagua y dos en la Región de Tarapacá, con términos felices pues las víctimas regresaron a sus hogares- despertaron las alertas sobre un delito que hasta hace unos años casi no se daba en Chile, pero que ha ido incrementándose.
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De hecho, ayer dos de las principales autoridades del Gobierno -el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la vocera Camila Vallejo- hablaron al respecto, explicando lo que para muchos fue un error de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien confirmó el viernes de la semana pasada que en el plagio en Rancagua del empresario Rudy Basualdo, su familia pagó un rescate cercano a los 40 millones de pesos, la mitad de lo que trascendió había sido pedido, transacción que permitió la liberación de la víctima luego de casi dos días de plagio.
“Existen manuales sobre cómo manejar delitos de esta complejidad, y en estos casos la primera tarea de las instituciones del Estado es rescatar con vida a la persona afectada. Tal capacidad está radicada en el Ministerio Público y en las policías, y hay que confiar en esa capacidad... Eventualmente, puede haber negociación (con los delincuentes)”.
“Hay una vida en juego y se debe dejar que los equipos especializados tomen las decisiones que consideren correctas para salvar la vida de la persona y para llevar adelante la investigación que permita identificar y detener a los responsables”, señaló Manuel Monsalve.
“No hay que generar falsas polémicas, y como Gobierno no podemos naturalizar ni estar tranquilos con los secuestros, que son delitos graves... Legislamos sobre la materia para aumentar las penas, y nos hemos tomado en serio este fenómeno... Por eso está muy equivocado quien quiera instalar que a través de una negociación para pagar los montos solicitados va a haber impunidad. Nuestra legislación no permite impunidad”, complementó Camila Vallejo.
Y el fiscal nacional, Ángel Valencia, precisó este lunes sobre los plagios que “el caso de Rancagua tiene particularidades que lo diferencian de otros, no nos pilló desprevenidos. Desde hace meses trabajamos para tener respuestas efectivas. Es probable que todos los involucrados debamos adaptar la forma cómo de manera tradicional trabajamos para no solo asegurar el éxito de las investigaciones y difundir adecuadamente a la comunidad, sino que también para lo más relevante, que es proteger y poner por delante las vida de las personas secuestradas y la integridad de sus familiares”.
VOCES ANALÍTICAS
Desde la academia, la investigadora del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Pía Greene, indicó que “lo de la ministra Carolina Tohá fue imprudente, pues cuando el Ministerio Público o las policías están investigando no es relevante que la población sepa qué técnicas o recursos son usados. Además, al señalar que fue pagado un rescate al mismo tiempo se dice que el secuestro es un negocio rentable y fue exitoso, entre comillas, lo que puede alentar la repetición de tal delito”.
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Y el analista político y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, declaró que “los temas de seguridad siguen siendo un punto importante de la agenda del Gobierno y también de los ciudadanos, quienes ven con preocupación lo que pasó últimamente, en específico con los secuestros... Esto profundiza la percepción de que en este tema las actuales autoridades aún no pueden tener el control. Por eso la encuestas muestran que esto es prioritario para la gente”.
Según Pía Greene, “no hay que relacionar la migración con los delitos, pero es cierto que al tener un ingreso irregular y desordenado de extranjeros como el actual, entran algunas personas de las que nada se sabe. Por lo tanto, entre mucha gente trabajadora y buena, que busca nuevas posibilidades y son la mayoría, hay otras que vienen dispuestas a cometer esta clase de delitos”.
De acuerdo a Marco Moreno, “respecto de los plagios conocidos hace poco, no hubo un adecuado manejo, y es evidente que las declaraciones de la ministra Carolina Tohá no fueron las más acertadas para enfrentar este tipo de casos. Se nota que hubo improvisación en lo dicho sobre un asunto muy sensible para la opinión pública, y como consecuencia puede haber un efecto sobre la imagen del Gobierno en su capacidad de resolver los problemas de seguridad y de orden público”.
RECIENTE CAMBIO LEGAL
El 6 de abril pasado fue promulgada la Ley 21.557, que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro.
Y tal norma estableció que cuando el plagio dura más de 24 horas, será sancionado con cárcel desde cinco años y un día a quince años.
Además, el castigo crece a presidio perpetuo si por el secuestro hay homicidio, violación o lesiones gravísimas. Antes, las penas iban desde tres años y un día a cinco años de presidio.
Desde la oposición ya anunciaron que citarán a una sesión especial de la Cámara de Diputados y a otra cita secreta de la Comisión de Seguridad para abordar los últimos secuestros y evaluar la chance de aumentar los castigos por plagio.
Y RN le envió una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, para pedirle que se extremen los esfuerzos para perseguir a secuestradores y a homicidas.
