Una nueva semana de votaciones en el Pleno del Consejo Constitucional se inicia hoy, la penúltima según la programación. Ya los días anteriores ha habido mucha crítica, especialmente porque los consejeros de la derecha están imponiendo sus visiones y hay escaso acuerdo transversal, muy visibles después de que se discutieran temas como el derecho de quien está por nacer, las garantías en salud, educación y pensiones y otros temas, que están llevando incluso a consejeros de Unidad por Chile a adelantar su adhesión al En Contra si las cosas siguen igual.
Entre los temas que han causados más polémica están las libertades en torno a la salud y educación. Como buena parte de los enunciados que critican desde la izquierda, no es lo que dice, sino cómo se plasmará en la realidad lo que preocupa.
En este caso, el texto indica que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado” y que el “plan de salud universal será ofrecido por instituciones privadas y estatales”. “El derecho a elegir es solo para quienes pueden pagar, con una salud para ricos y otra para pobres”, expuso el consejero Fernando Viveros (PC).
Lo mismo con el “derecho preferente de los padres de elegir el tipo de educación y el establecimiento de enseñanza”, así como la financiación estatal. Karen Araya (PC) dijo que se busca que “el Estado les siga financiando su negocio a costa de las arcas fiscales”.
Se busca, en el fondo, terminar con la idea base del estado social y democrático de derecho, según coincidieron en Unidad por Chile. Al respecto Carlos Recondo (UDI) pidió que “busquemos el enfoque entre un Estado garante capaz de combinar el uso de instrumentos adecuados para que las personas puedan alcanzar su propio proyecto personal”.
También causó revuelo que se aprobara que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, que Carolina Navarrete (UDI) aseguró que quiere “consagrar de manera inequívoca y firme el derecho a la vida desde la concepción hasta su fin natural”.
La palabra “quien”, para María Pardo (CS), “abre la vía interpretativa, precisamente para retroceder en los derechos de las mujeres”, pues, coinciden en el sector, se busca derogar la ley de aborto. María de los Ángeles López (Rep.) manifestó que “aunque incansablemente se les ha dicho que no hay incompatibilidad con las tres causales en los términos propuestos, insisten en desinformar a los chilenos”.
Cecilia Medina (Rep.) cree que incluir la propiedad de los fondos de pensiones en la Constitución refleja “una de las principales preocupaciones de la mayoría de los chilenos”, pero Aldo Valle (Ind./PS) replica que “abre la posibilidad de continuar con un régimen previsional que los chilenos conocen y padecen”.
Esta semana, hasta el sábado, la agenda no incluye temas valóricos, de derechos o garantías, sino más bien normativos de los capítulos V al VIII, lo que no quiere decir que no se adelanten inconvenientes.
El primero será Gobierno y Administración del Estado, donde se propone un “régimen general único de designación, contratación, promoción y cese de funciones”, que Gloria Hutt (Evópoli) calificó como “una de las innovaciones más importantes que va a tener la Constitución”, pero que para Julio Ñanco (RD) “va a impedir que se resuelvan necesidades inmediatas que no están en el marco de un concurso público”.
También se discutirá el Capítulo VI sobre Gobierno y Administración Regional y Local, que consigna “solidaridad y equidad territorial, prohibición de tutela y radicación preferente de competencias del nivel local sobre el regional, y éste último, sobre el nacional”. “Da cuenta de los acuerdos, pero tenemos diferentes conceptos sobre sostenibilidad o cómo garantizar que rompamos la desigualdad en los territorios”, recalcó el mismo Ñanco.
La semana cerraría con la discusión sobre la Corte o Tribunal Constitucional y con el capítulo sobre Poder Judicial, donde el centro de la atención será la propuesta de separación de funciones y la creación de órganos autónomos que verían asuntos como los nombramientos, la formación y perfeccionamiento de jueces y funcionarios; y la gestión y administración.
