Enfrascados en discusiones están las fuerzas políticas por estos días, por la aprobación en el Congreso y el anuncio de veto del Gobierno al proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para aumentar las penas -a cárcel- para usurpadores de terrenos y facilitar su detención. La norma responde y el plan es que sea aplicable a casos muy diversos, como los campamentos en terrenos, las casas o departamentos ocupados o las tomas de tierras en la Macrozona Sur, como reivindicación de pueblos originarios.
Que se quieran aumentar las penas es una idea más o menos transversal, aunque el diputado Luis Cuello (PC) dijera que se oponen “a todo artículo que lleve a enfrentar con herramientas penales un problema social que debe ser abordado mediante políticas públicas, como el Plan de Emeregencia Habitacional”.
Pero hay cierto acuerdo, al menos, de que se debe legislar. El disenso se da en dos grandes puntos: la facultad de esgrimir la legítima defensa privilegiada por parte de los dueños que se enfrenten con los usurpadores y la flagrancia permanente; es decir, que las acciones que se pueden tomar en el momento del delito puedan realizarse en cualquier momento mientras dure la toma.
En el primero de esos casos, la polémica se da porque, dicen quienes no comparten la idea, se podría producir la autotutela, que es la posibilidad que existe de que una persona tome la justicia por sus propias manos, algo que no está permitido por la legislación. Por ejemplo, Diario Constitucional cuenta de una sentencia en contra de un terminal pesquero que cerró el acceso a un restaurant que no pagaba el arriendo.
En esa idea, Álvaro Elizalde, ministro de la Segpres, expresó que “en Chile, la violencia entre particulares está prohibida y no hay espacio para la autotutela. El monopolio de la fuerza está radicado en las policías”.
Quienes están a favor comentan que la legítima defensa privilegiada aplicada a enfrentar a los usurpadores les permitirá a los dueños no estar preocupados de que los persiga la justicia en caso de generarse algún hecho violento
Aunque el senador Felipe Kast (Evópoli) rechaza esas interpretaciones e indica que no se va a generar violencia gratuitamente. “El proyecto manifiesta que solamente cuando alguien agrede a una persona o defiende a alguien que está siendo agredido, es cuando se aplica el principio de eximición de responsabilidad. No se aplica en usurpaciones no violentas”, expuso.
Desde la derecha quieren la ley, porque ataca los loteos irregulares, las asociaciones ilícitas que conllevan y rechazan la idea de que se promueva el enfrentamiento entre civiles. Desde Republicanos, el diputado Stephan Schubert dice que espera que la norma llegue a promulgarse porque “era muy esperada, especialmente por la gente de La Araucanía, alza las sanciones, establece penas de cárcel y sube las multas”. “La ley es tan clara, tan dura y tan efectiva que muchos van a abandonar esos terrenos, casas o departamentos sin la necesidad de que vaya Carabineros”, aseguró el diputado Jorge Alessandri (UDI).
Su par Jorge Guzmán (Evópoli) agregó que “el Gobierno tiene dos opciones, o se pone del lado de las víctimas y promulga la ley que sanciona más duramente a quienes atenten contra la propiedad o se pone del lado de los delincuentes”.
Ante la amenaza del Gobierno de vetar la ley, la diputada Carla Morales (RN) cree que “el Gobierno quiere vetar el derecho a defenderse ante el robo de sus propiedades”.
El otro tema que no cuaja en La Moneda es el de la flagrancia permanente. Como ejemplo, si un policía ve que se está produciendo un robo, puede actuar inmediatamente, y también si ve que se está produciendo una toma, pero no si el ingreso de los usurpadores se produjo hace días. El proyecto propone que no haya plazos, que siempre se pueda actuar.
¿Pero quién es el que puede actuar? Aunque la ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró que “para el efecto del actuar policial es importante que el delito sea permanente y en cualquier momento el propietario pueda pedir su auxilio”, también sopesó que esa norma sumada a la legítima defensa privilegiada no es buena combinación.
“La defensa no sería una reacción, sino que se podría preparar con días, hasta meses, y con legítima defensa privilegiada, permite a terceros participar, o sea, se podría contratar a un grupo que podría usar cualquier tipo de violencia. Eso es la ley de la selva”, indicó Tohá ante el Congreso.
En lo que hay acuerdo es en no perseguir ni detener a las personas que figuren en el Registro de Campamentos.
