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Caso Convenios: el “mapa” de las defraudaciones

Las fiscalías trabajan sin pausa a a través del país para aclarar las decenas de denuncias.

Giorgio Jackson
Giorgio Jackson (RAUL ZAMORA/ATON CHILE/RAUL ZAMORA/ATON CHILE)

Mideso: la presión contra Jackson

El primer caso conocido, el de Democracia Viva en Antofagasta, ya había golpeado a quien era ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por haber sido el fundador y líder de Revolución Democrática. Pero después tuvo su propio lío cuando se conoció que dos fundaciones sin experiencia en el asunto propio que licitaron fueron elegidas por la Seremi de la Región de Atacama.

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Una es Atacama Sueño, que tuvo dos traspasos; el primero, el mismo día que inició actividades en el SII, y Visible, que en abril recibió para el programa Noche Digna $160 millones para administrar un albergue. Esa organización aseguraba tener un convenio con la Universidad de Antofagasta, lo que era falso. “Al menos en un caso no se siguieron los protocolos”, reconoció Jackson.

A esto se sumaron las acusaciones contra el ministro por el robo de computadores de su Ministerio.

Gobernación de Los Lagos: dos detenidos

Sobre la Gobernación de Los Lagos hubo varias denuncias, que el titular, Patricio Vallespin, se encargó de explicar. Hasta que apareció, o mejor dicho, desaparecieron $900 millones desde la Fundación Kimün, que había recibido $ 1.200 millones para un programa que buscaba regularizar la tenencia de propiedad de agricultores. Sin embargo, el presidente de la fundación, Jaime Huincahue, gastó tres cuartos de esa plata en pagar deudas de un Instituto Profesional que, encima, vendió a muy bajo precio al excandidato presidencial Diego Ancalao.

Para ambos se decretó prisión preventiva y están imputados por la querella que el Consejo de Defensa del Estado interpuso en este caso.

La semana pasada ya hubo allanamientos a la sede regional, una diligencia que se ha repetido en todo el país ante la proliferación de denuncias e indagatorias.

Minvu: Democracia Viva, el punto de partida

Al principio, sólo se cuestionaba que el militante RD Carlos Contreras, seremi de Vivienda, le entregara dinero a una fundación, Democracia Viva, integrada por otros RD. Complicó todo la posición en medio de la diputada Catalina Pérez (RD), pareja por entonces del representante legal de la ONG, Daniel Andrade, y quien había tenido a Contreras como jefe de gabinete.

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Todo siguió en Maule, donde fue Urbanismo Social la que recibió dinero del seremi Rodrigo Hernández, que antes había sido director jurídico de la fundación. Él aseguró que se abstuvo; no era cierto y se le pidió el cargo.

El mismo ministerio está cuestionado por haber entregado $168 millones a Comprometidos, que pasó del rubro películas y veterinaria a entregar agua en campamentos de Copiapó.

El caso ha llevado a varios allanamientos en el norte y Santiago y es la arista que ha costado más cargos, incluidos los dos seremis y una subsecretaria.

DV está obligada a devolver el dinero no gastado, pero la ONG ofreció depositar $90 millones menos de lo que se le exige.

También fue Vivienda la que pasó a la Fundación EnRed $1.000 millones en un solo día, en Atacama.

Gobernación Bío Bío: la teleserie del Caso Lencería

El “Caso Lencería”, porque eso se compró con dineros públicos, ha sido el más mediático. La polémica sociedad entre la exmodelo y excandidata a varios cargos Camila Polizzi y su entonces pareja, Sebastián Polanco, y Matías Godoy, sus discusiones y audios sólo han ahondado el asunto.

Aquí fue el Gobierno Regional el que habría entregado recursos para ir en ayuda de sectores marginales de Concepción, a una fundación que sólo aportaba el nombre (arrendado a cambio de dinero), porque el trabajo lo llevaría a cabo el cuestionado trío.

No se vieron mayores avances en los trabajos y el grupo apuró pintura y otros maquillajes para simular mayor cumplimiento. Los implicados hablan incluso de favores sexuales para ganar las licitaciones.

El tema está en la justica. O los temas, porque se está viendo también la denuncia por amenazas de muerte que interpuso Polizzi contra el exseremi de Gobierno, Eduardo Vivanco.

En esta región también se investiga a Horizonte Ciudadano, ligado a la expresidenta Michelle Bachelet, que recibió plata del hoy gobernador Rodrigo Díaz, que tenía un cargo similar bajo la administración Bachelet.

Gobernación de Valparaíso: las cuestionadas amistades

Uno de los problemas en Valparaíso toca a la seremi de Culturas, Patricia Mix, hermana de la diputada Claudia Mix, quien firmó 17 convenios por más de $230 millones, buena parte de ellos hacia personas con cercanía ideológica, como dicen los denunciantes. El Centro Cultural de Playa Ancha, de la excandidata a consejera regional Karen Jorquera, recibió $30 millones para el Carnaval Mil Tambores; la candidata a consejera constitucional Carolina Fernández (PC) obtuvo $32 millones, así como $40 millones a una sociedad por acciones recién constituida.

Antes de eso, la Fiscalía ya investigaba a Red de Salas Independiente de Cine y la Fundación El Circo del Mundo Chile, que también fue cuestionada por dos traspasos hechos por la seremi de las Culturas de la RM, Alejandra Jiménez (PC), quien fue cofundadora y directora académica hasta antes de asumir en el Gobierno.

También hay otros casos de Gores, como en La Araucanía, donde se cuestiona que el gobernador Luciano Rivas haya adjudicado $2 mil millones a una organización sin experiencia en reciclaje. O en Antofagasta, con ProCultura, por más de $629 millones para pintar tres fachadas.

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