El anuncio de impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, fundador del partido Revolución Democrática, por parte de la derecha generó fuertes críticas en el oficialismo, al punto que el Presidente Gabriel Boric se refirió al asunto ayer.
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“Ya no me acuerdo qué número de acusación es. Las acusaciones tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha”, dijo Boric. Y agregó que “los que sufren con estas peleas o con estos sinvergüenzas, con los sinvergüenzas que dentro de nuestro gobierno también han aparecido, son las personas”.
Sobre la posibilidad de que ministros tengan que declarar ante la Justicia, el Presidente indicó que “el mandato que he dado a todos mis colaboradores es que tienen que hacer todo lo posible para que todas estas malversaciones se sepan, se sancionen y no vuelvan a ocurrir”.
Tarde el martes, Evópoli confirmó que se sumaba a Republicanos, la UDI y RN en la acusación, pero un personaje que ha sido muy crítico con el ministro de Mideso, el senador socialista Fidel Espinoza, declaró que si fuera diputado, la votaría en contra. En radio Universo, el parlamentario dijo que el libelo acusatorio “es amateur”. “El ministro, que es un fantasma caminando por La Moneda, va a tener un tanque de oxígeno que le va a permitir mantenerse en el Gobierno, pero dañando la imagen del Presidente Boric”, señaló Espinoza, quien añadió que “Jackson ha sido soberbio, arrogante, el hombre de la superioridad moral, es ególatra y narcisista, pero nada de eso es constitutivo de haber transgredido la Constitución”.
En Antofagasta, mientras, el Juzgado de Garantía acogió la ampliación de querella solicitada por parlamentarios republicanos en contra del ministro Jackson, la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, y el jefe de Asesores del Presidente, Miguel Crispi. El diputado Juan Irarrázaval indicó que “se podrán indagar eventuales responsabilidades legales de autoridades que hasta ahora el Gobierno ha blindado”.
En otra arista política, la Comisión Investigadora de la Cámara por el Caso Convenios partió con una polémica. Su presidente, el diputado por Antofagasta José Miguel Castro (RN), fue cuestionado para ejercer ese cargo, por su vínculo familiar con el trato directo en 2020 por más de $ 513 millones desde la Seremi de Salud a una sociedad hotelera donde participa su esposa, Vania Korlaet.
Castro declaró a radio Bío Bío que “esto no es como las fundaciones, que se entregaba la plata antes. Y acá se prestó todo el servicio”.
