En Santiago se reunieron los fiscales regionales, con Ángel Valencia a la cabeza, para coordinar la forma en que el Ministerio Público enfrentará las investigaciones por los casos de asignaciones a fundaciones.
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Aunque se descartó que todo se reúna en una sola investigación, como en el caso de los computadores robados en oficinas públicas, sí se establecieron parámetros comunes.
A la salida de la cita, el fiscal de Antofagasta, Alberto Ayala, aclaró que no les espera una labor sencilla. “Estas son investigaciones que no se resuelven en 24 horas, aquí vamos a estar tranquilamente un año investigando, para tener una conclusión y para tener garantía para todas las personas, no solo los que sufrieron daño patrimonial, sino también para los propios investigados”, indicó el fiscal jefe de la región donde se descubrió el primer caso, el de Democracia Viva.
La reunión sirvió para establecer situaciones comunes, pero que no se dan, aclararon los fiscales, todas en todos los casos. Sí han encontrado contratos sin garantías, sin pagos parcializados, desajustes entre los objetivos de las fundaciones, que no responden a ser de beneficencia, y falta de relación entre los objetivos de la organización y la experiencia de sus directivos, así como muchas creadas poco antes de recibir los primeros aportes.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, no quiso adelantar qué delitos son los que se persiguen, pero indico que “vamos a poder estar hablando de fraude al fisco, de malversaciones, tráficos de influencia, negociaciones incompatibles... Es tan amplio el espectro que de momento prefiero no ahondar en el particular”. También detalló que no unirán las causas “para asegurar el éxito de la investigación”.
Los fiscales afirmaron que son 32 las fundaciones, corporaciones y ONG investigadas, en 10 fiscalías por hechos ocurridos en 11 regiones (lo del Maule lo ve Antofagasta) y en colaboración con el Consejo de Defensa del Estado; SII; Servel y ChileCompra, entre otros.
Ayer hizo su primera visita a La Moneda desde que estalló el Caso Democracia Viva la diputada Catalina Pérez. La parlamentaria, suspendida de RD, estuvo en una reunión por la agenda legislativa sobre seguridad como parte de la Comisión del mismo nombre, sala en la que estaban los ministros de Interior, Carolina Tohá; Justicia, Luis Cordero, y Segpres, Álvaro Elizalde. La parlamentaria “celebró” la reunión con una publicación en Instagram.
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Más tarde, la abogada de Revolución Democrática en el caso Democracia Viva, Libertad Triviño, criticó fuertemente a la parlamentaria. “Yo creo que Catalina Pérez está en calidad de imputada”, señaló la profesional a La Segunda, y “debió haber visto que había, al menos, una incompatibilidad ética”, agregó, a la vez que dijo que “uno esperaría que ella hubiera tenido una actitud mucho más colaboradora, mucho más proactiva”.
En Concepción, en tanto, sigue escalando el “Caso Lencería”, luego de que un medio local publicara el que sería el audio en que se escuchan las amenazas del exseremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, hacia la receptora de los fondos, Camila Polizzi. No se indicó si el archivo está en manos de autoridades que podrían establecer su veracidad.
En tanto, TVN expuso la declaración de adultos mayores de la zona que aseguraron que Polizzi les habría ofrecido viajes a cambio de su silencio.
