Este martes, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, confirmó que se formularon cargos contra 11 funcionarios de la Municipalidad de Recoleta, incluyendo al alcalde Daniel Jadue, según informó Meganoticias.
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Esta situación se da mientras se desarrolla la investigación por traspasos de dineros que se hicieron desde ese municipio a la Asociación de Farmacias Populares, en un monto que, según la autoridad, rondaría los 600 millones de pesos.
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¿Qué dijo el contralor?
Bermúdez confirmó que “la Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios de esa municipalidad, incluyendo al alcalde, precisamente por traspasos de dineros que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares”.
Por otra parte, explicó que estos cargos son reservados, conocidos solo por los destinatarios de los mismos, y fueron notificados el 6 de julio tras un informe de auditoría hecho por Contraloría.
“Lo que hace la Contraloría es determinar si existen o no responsabilidades administrativas, efectivamente hay irregularidades que son determinantes, pero no puedo dar más detalles de eso”, aclaró.
Además aclararon que ahora están en un periodo de descargos, donde los imputados pueden presentar sus argumentos, y luego de eso se determinará las responsabilidades que eventualmente tendrían tanto Daniel Jadue como los otros implicados.
Sobre el proceso, informó que “hicimos una auditoría, es decir, tratamos de determinar cuál era la situación de los traspasos que se habían hecho desde la municipalidad a esta asociación. Esa auditoría arrojó que había deficiencias, montos sin justificar y una serie de observaciones y esa auditoría es pública”.
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“A partir de esta, determinamos que puede haber responsabilidad administrativa o disciplinaria y se inició un proceso de investigación disciplinario, un sumario administrativo que tenga una fase muy importante que concluye con la notificación de los cargos el 6 de julio”, indicó.
Por último, sobre posibles sanciones, señaló que esta función corresponde a “lo que haga el concejo comunal porque ellos son los que tienen la legitimación, pueden llevar al alcalde al Tribunal Electoral Regional para que sea que determine las sanciones”.
