Se ha dicho que la votación de la Acusación Constitucional, AC, de hoy contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, asoma estrecha en la Cámara Baja.
La ausencia de casi una decena de congresistas (por viajes y situaciones médicas, mas la licencia de la RD Catalina Pérez, quien podría llegar a votar) y una cierta paridad entre la oposición, que en su mayoría impulsó el libelo de siete capítulos, y el oficialismo siembran dudas sobre el resultado.
Por eso gran parte de la decisión queda en manos de parlamentarios de la DC, del PDG, de Evópoli y de algunos de conocida independencia, como Pamela Jiles (PH) y Andrés Jouannet (Amarillos).
Pero las expresiones de tinte discriminatorio y homofóbico emitidas contra Ávila -quien nunca ha escondido que es homosexual- el martes por la mañana por la representante del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, al exponer en la Comisión Revisora de la AC, y en la tarde-noche del mismo día por la diputada independiente de la bancada RN, María Luisa Cordero, en el programa “Sentido Común” de Radio El Conquistador, pueden inclinar la balanza en favor del ministro.
LAS POLÉMICAS DECLARACIONES
Aranda, quien años atrás encabezó el “Bus de la Libertad” y hace tiempo no tiene contacto con una hija transexual, dijo que “el ministro debe dar explicaciones si es que su condición impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros o incumple las leyes y la Constitución. Su activismo LGBTQIA+ y su condición han superado el límite de lo privado. Vulneró el derecho de los padres, de los niños y de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer activismo”.
Y Cordero, quien hace casi cuatro meses en ese mismo programa que conduce el periodista Juan José Lavín puso en duda la ceguera de la senadora Fabiola Campillai, señaló que “me parece insólito, inadmisible, nauseabundo y asqueroso que el ministro de Educación, que debería estar llorando por la noches porque hay niños de cuarto básico que no saben leer, esté preocupado de la incitación a la sexualidad... Al famoso Ávila, si no fuera ministro, yo habría pedido que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil. Es un gordito enfermo del hígado con la bilirrubiana tope, lo que ataca las neuronas y provoca incompetencia mental”.
ANÁLISIS DESDE LA ACADEMIA
El analista político y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, precisó sobre esas dos declaraciones que “claramente esos argumentos desvirtúan el mérito de la AC, porque la sacan de lo técnico y la ubican en la zona de la homofobia”.
“Y eso puede alejar de la aprobación al libelo a varios diputados y a varias diputadas que no habían expresado su punto de vista, pero que no comparten este tipo de acusaciones que no apuntan a lo que se le pretende endosar como responsabilidad al ministro”.
“Centrarse en cuestiones de la vida privada muestra una importante presencia de discriminación en el país, y puede conseguir que parlamentarios indecisos del mundo progresista se inclinen en favor de rechazar esta AC”.
LA POSTURA DE LA DEFENSA DEL MINISTRO
Como era esperable, la Comisión Revisora de la AC contra el ministro de Educación la rechazó ayer por la mañana, lo que significa que hoy llega con informe negativo a la Sala de la Cámara Baja.
Desde que fue sorteada esa Comisión era esperable tal resultado, porque tres de sus miembros son oficialistas (Tomás Hirsch, de Acción Humanista, Juan Santana, del PS, y Héctor Ulloa, independiente pro PPD) y los restantes dos son de oposición (Miguel Ángel Becker, RN, y Gloria Naveillán, del Comité Social Cristiano).
Independiente de lo anterior, el abogado del secretario de Estado, Francisco Cox, anunció que hoy apelará a lo que se llama “cuestión previa”, pues considera que la AC no cumple con los requisitos exigidos por la Constitución para presentarla.
Si la Sala acepta esa postura por la mayoría de los diputados presentes, la AC es considerada no interpuesta. En caso contrario, sigue su desarrollo y los parlamentarios pueden argumentar para luego votar.
Se requiere de mayoría simple de los presentes para aprobarla o rechazarla. Si pasa lo primero, el acusado queda suspendido mientras dure el proceso, que sigue en el Senado, el que actúa como jurado.
Si aprueba la AC por la mayoría de los senadores en ejercicio, la persona en cuestión no puede ejercer funciones publicas -por designación o elección- durante cinco años. Además, puede ser juzgado por los tribunales competentes para hacer efectiva su responsabilidad civil o penal.
