Hasta la Fiscalía Regional de Antofagasta llegó ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, cargando tres archivadores con antecedentes para entregarles a los persecutores locales con todos los detalles de los acuerdos directos con que la Secretaría Regional local favoreció a la Fundación Democracia Viva, además de marcos normativos.
“A nosotros no nos corresponde establecer qué es irregular y qué no. Nosotros le hemos entregado toda la información necesaria a la Fiscalía”, dijo Montes tras la cita, y de paso señaló que no existen dobles contratos de personas en las seremías y las fundaciones, sino que “una persona era contratada en una fundación, pero cumplía sus tareas en la Seremía”.
“Si yo tuviera antecedentes, debo entregarlos”, dijo Montes, quien agregó que “no es una sola modalidad lo que hicieron, hay distintas. Es algo que se está investigando”.
El ministro Montes tenía anoche una reunión en Santiago con 23 fundaciones. Sobre la futura relación del Estado con estas organizaciones, el ministro de Vivienda indicó que la legislación “tiene defectos grandes, vacíos, nosotros ya tenemos una propuesta para modificarla y lo vamos a poner en discusión”.
Las carpetas con información fueron agradecidas por el Ministerio Público. “Son antecedentes nuevos, hemos chequeado desde lo formal su contenido y hay alrededor de 30 resoluciones de distinta naturaleza que dicen relación con convenios y traspasos de fondos entre el Servicio de Vivienda y esta fundación y obviamente requiere un exhaustivo análisis por parte del fiscal titular”, señaló el persecutor regional Cristián Aliaga.
Ese fiscal titular es Cristián Aguilar, quien aclaró que las carpetas contienen “información relacionada o conectada con la Fundación Democracia Viva, ese es el hecho base respecto del cual partió la investigación y que nos encontramos indagando. No descartamos que se puedan agregar otros hechos, pero no tenemos denuncia relativa ni tampoco querella criminal”.
Al fiscal Aguilar le llegará también la indagatoria que se inició de oficio en el Ministerio Público del Maule, según informó Radio Bío Bío. En esa región, se indagarán ocho millonarios traspasos a la Fundación Urbanismo Social, donde el actual seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández (también de RD), trabajó durante siete años antes de asumir el cargo público.
Entre las investigaciones, la semana pasada la UDI interpuso acciones legales, una iniciativa a la que ayer le sumó la presentación del equipo jurídico que va a perseguir la causa: Teresita Santa Cruz, Carlos Oyarzún y Pablo Toloza, quien fuera intendente y gobernador de Antofagasta.
“Quiero decirle al Gobierno que no trate de pasar gato por liebre, escuché a dirigentes señalar que con esto quedaría demostrado que necesitamos un Estado más grande, que necesitamos más recursos, a propósito de la Reforma Tributaria”, señaló el presidente de la UDI, Javier Macaya, mientras que la secretaria general, María José Hoffmann, agregó que “no vamos a permitir que las fundaciones chantas de Revolución Democrática enloden el buen servicio que dan a Chile muchas fundaciones”
Diputada Pérez, en caída libre: su casa fue allanada y timonel de RD no le cree
Cuando la diputada Catalina Pérez aseguró, al conocerse las asignaciones directas en Antofagasta, su inocencia, estuvo acompañada por el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre. Ahora, todo ha cambiado, ayer el senador aseguró que no creía la versión de Pérez.
En entrevista con Tele13 Radio, Latorre aseguró que “es muy poco probable que no supiera, porque es su propia región, era su círculo cercano. Habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio”.
De paso, el parlamentario agregó que pedirá a la diputada que colabore con la investigación. “Tendrá que proactivamente poner los antecedentes a disposición, no esperar a que la pillen (...) eso es lo que hemos pedido a todos nuestros militantes”, fueron las palabras de Latorre, quien develó que fue el partido el que le indicó a Pérez que acudiera a la Contraloría y descartó que ese dinero fuera a campañas políticas.
Son días complicados para Pérez, quien la noche del martes vio cómo la PDI allanaba su casa. El fiscal regional de Antofagasta, Cristián Aguilar, explicó que “se hicieron diligencias en los domicilios que manteníamos del señor Daniel Andrade, entre los cuales hubo un resultado favorable, un notebook y un teléfono celular. Los antecedentes indicaban que se trataba de la morada de quién está siendo investigado, no teníamos ningún antecedente de que ese domicilio pudiese ser compartido o tuviera algún nexo o vinculación con la diputada Pérez”.
La diligencia, en todo caso, fue valorada por el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien indicó que “me parece bien que en democracia el Ministerio Público tenga facultades para allanar los domicilios, incluso de autoridades. Demuestra que tenemos instituciones y que si hay delitos, no va a haber impunidad”.
