Comienzan a tomar forma las diversas investigaciones que se han pedido en torno al caso del vínculo entre el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la Fundación Democracia Viva, a cargo de Daniel Andrade, ambos de Revolución Democrática. La Contraloría hizo eco ayer de múltiples solicitudes y ordenó “que en un plazo de cinco días hábiles la Seremi de Vivienda de Antofagasta remita la información de todas las transferencias realizadas a fundaciones”. La solicitud incluye todos los convenios de los periodos 2022 y 2023, identificando los actos administrativos que los aprobaron, la fecha del convenio y la organización favorecida.
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Evópoli y RN están entre los partidos que recurrieron a la Contraloría. El diputado Frank Sauerbaum (RN) detalló que su presentación busca “hacer una auditoría de todas las seremías del país y de los programas dependiente de ellos y de todos los dineros pagados a estas organizaciones ligadas al Frente Amplio”.
Aparte, hasta el 7º Juzgado de Garantía de Santiago llegaron diputados de la UDI para presentar querellas para “que se investiguen los posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y tráfico de influencias”, según detalló el parlamentario Juan Manuel Fuenzalida. Esos delitos conllevan, “en general, penas privativas de libertad que van desde los 541 días hasta los 10 años”, según detalló el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar.
De acuerdo a una investigación de Bío Bío, la fundación Democracia Viva ni siquiera tenía giro de ejecución de obra cuando recibió los primeros pagos. El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) dijo que “solicitamos la apertura de las cuentas corrientes de todos los involucrados y el allanamiento de la sede”. Diligencias similares pidió el senador Fidel Espinoza (PS, oficialista) quien en TVN hizo “un llamado a la diputada Catalina Pérez que aporte a la investigación, que entregue computadores y celulares para descartar que una operación triangulada para defraudar”.
El Ministerio Público también inició una indagatoria de oficio, según explicó el fiscal Aguilar, quien despachó una orden a la PDI y derivó requerimientos de información al Minvu, “para definir si hubo licitación o contratación directa, eso lo desconocemos”. Además, informó que hay una investigación del Consejo de Defensa del Estado.
El propio Presidente, Gabriel Boric, fue muy duro al señalar que “se exigirá la restitución de los montos asignados no ejecutados”. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo que “de los $ 428 millones, por lo menos $ 228 millones es lo que deberían devolver, mientras se evalúa el uso del resto”.
Además, Boric adelantó que “trabajaremos de manera transversal para modificar los actuales mecanismos de asignación de estos recursos para avanzar en transparencia y probidad”.
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Boric hace fuerte autocrítica ante requerimientos
“Siempre surgen aprovechamientos políticos”, decía la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ante el caso del Minvu en Antofagasta, que golpea, en mayor o menor medida, a RD y a La Moneda. El Presidente Boric no dejó lugar a la duda: “He mandatado a todos nuestros colaboradores que sean proactivos y que se dé curso a todas las investigaciones, independientemente del partido político en el que se aloja la sospecha o de la cercanía con cualquier persona”.
“Si en el pasado fuimos muy duros en condenar todo tipo de actos reñidos con la fe pública, hoy, cuando quienes están involucrados son personas cercanas al Gobierno, tenemos que tener el mismo estándar e incluso ser más firmes. Acá no puede caber ningún tipo de protección”, añadió el Mandatario.
El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) hizo “un llamado al Gobierno a que se empiecen a asumir las responsabilidades políticas”, en especial por la inacción de la subsecretaria Tatiana Lagos ante la carta de la Asociación de Funcionarios.
Hay rumores de una acusación constitucional, y ya RN impulsa una Comisión Investigadora. La diputada Camila Flores recalcó que “no se están tomando las medidas políticas, mantener a la subsecretaria es muy grave”, mientras que su par Frank Sauerbaum (RN) aseguró que “el ministro no debió aceptar la renuncia del seremi sin hacer una auditoría”. Incluso el senador Fidel Espinoza (PS) dijo en TVN que “si el ministro Montes, que es de mi partido, tiene responsabilidades, tendrá que asumir”. El diputado por Antofagasta José Miguel Castro (RN), señaló al mismo medio que “hay que investigar si ese dinero llegó a campañas del Apruebo o del Presidente Boric”.
El asunto podría afectar hasta al pacto fiscal, de acuerdo al diputado Stephan Schubert (Rep.): “Que la fiscalía investigue qué está pasando con recursos públicos, en un país en crisis, donde se nos está pidiendo un incremento en los impuestos”. El ministro de Economía, Nicolás Grau, respondió en TVN que “no me parecería, hemos demostrado compromiso con la eficiencia del gasto público”.
Sólo 3 preguntas a
Eduardo Galaz, sociólogo e investigador del Centro Signos de la Universidad de los Andes.
¿Cómo afecta la autosuspensión de la diputada Catalina Pérez a la elección próxima de la mesa? Es incierto. Cuando viene una elección uno quiere estar en la mejor posición posible y la suspensión y todo el escándalo deja al Gobierno y a la bancada del Frente Amplio en mala posición.
¿Corresponde que una diputada responda por actos de su pareja? En principio, nunca corresponde. Pero en este caso, hay demasiados indicios que vinculan a la diputada con la organización en cuestión, no sólo que esté su pareja involucrada, hay también una trama que vincula a asesores suyos. Da la impresión de que ella está en el cento de una red que tomó decisiones que, en el mejor de los casos, son muy poco estéticas y en el peor, levantan sospechas de delito.
¿Cómo afecta esto a RD, al Frente Amplio y al Gobierno? Ya el piso era bastante bajo en confianza y aprobación popular. Hay gente que dice que es el golpe de gracia, pero yo no. Sí pierde un piso de legitimidad pública para hablar de probidad en el uso de los recursos. Históricamente, el electorado de izquierda es más sensible que el de derecha a este tipo de cosas. Y, además, está que para RD, porque lo popularizó Giorgio Jackson, ha sido muy central la idea de que son moralmente probos.
