Con diez firmas de diputados opositores se ingresó la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y más tarde se sorteó a los integrantes de la comisión que evaluará los antecedentes, que quedó conformada por Tomás Hirsch (PH), Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (Ind./PPD), Miguel Ángel Becker (RN) y Gloria Naveillan (Ind./SC).
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Cuatro de los siete capítulos de la extensa acusación, de más de 100 páginas, tienen relación con la política de educación sexual del Gobierno (ver lista), y los patrocinantes hicieron especial énfasis en la Junaeb.
El propio ministro Ávila se refirió a la acusación, aunque detalló que aún no la había leído. “He repetido hasta el cansancio que todos quienes estamos en política debemos ser muy responsables respecto de todo nuestro ejercicio diario”, señaló.
Una de las acusadoras, Sara Concha (SC), aseguró que Ávila “ha hecho infracción de la Constitución y las leyes, partiendo por el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, pero aparte de eso, hay una gestión deficiente”. Diego Schalper (RN) agregó que “el ministro está en inejecución de leyes importantes, que se traducen en seguir profundizando la crisis educativa”.
“Dos capítulos dicen relación con lo que hemos llamado la lógica de la alfabetización sexual, que es distinto a la educación sexual: consiste en avanzar en una sola mirada en una materia en donde queremos diversidad de mirada”, dijo Schalper.
La diputada Karol Cariola (PC) se preguntó si “la derecha no quiere que los niños y niñas reciban educación sexual integral” y añadió que “se pueden tener diferencias políticas, pero utilizarlas para hacerlo pasar como problemas de gestión de un ministro, no corresponde”. Para Leonardo Soto (PS), muchos de los temas “vienen del periodo anterior, ya sea por el cierre de colegios en pandemia o por la baja inversión pública”.
La ministra vocera (s), Jeannette Jara, indicó que “el Gobierno va a analizar el texto, hay que tomar todos los temas en su debido contexto y con los ingredientes y circunstancias”.
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La comisión tiene tres días para notificar al titular del Mineduc, y luego diez más para sesionar y escuchar invitados, y otros seis para recibir respuestas. Tras eso, se elabora un informe que no es vinculante, y recién parten las votaciones en la Cámara. De avanzar, pasa al Senado.
Los elementos presentes en el libelo contra el ministro Marco Antonio Ávila estaban más o menos claros, pero se sumó una denuncia de irregularidades en la Junaeb, “suficiente como para levantar una acusación sola”, como aseguró el diputado Diego Schalper (RN).
De acuerdo a la denuncia, serían más $ 110 mil millones el perjuicio al erario fiscal, por pago de raciones de alimentos que finalmente no se entregaron, por unos $ 41 mil millones, y otras no contenidas en los procesos de licitación y a un precio variable, por $ 71 mil millones.
Para la diputada Francesca Muñoz (SC) “hay irregularidades en los procesos de licitación, el ministro no ha cumplido su rol de supervigilancia en el ámbito de la administración del Estado”.
Ávila indicó que “vamos a trabajar en las respuestas correspondientes sobre este asunto. Se está asumiendo una irregularidad que no necesariamente existe”.
Al respecto se refirió el ministro de Justicia, Luis Cordero: “La Junaeb es un servicio público descentralizado y gestiona sus contratos de modo independiente. Los criterios de supervigilancia deben tener una denominación legal muy específica. Me parece, como otras acusaciones del pasado, improcedente. Hacen extensiva responsabilidades y obligaciones que van más allá de las que le corresponden a un ministro de Educación”.
De qué se acusa al ministro de Educación
1
Infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos por las Jornadas de Educación No Sexista, donde se cuestiona que se hable de una lógica de “alfabetización en la sexualidad”, que no respeta la diversidad de proyectos educativos.
2
Misma infracción ante la implementación de las Orientaciones para el Resguardo del Bienestar de Estudiantes con Identidades de Género y Orientaciones Sexoafectivas Diversas en el Sistema Educativo.
3
Infracción de la Ley General de Educación, al excluir a los estudiantes con discapacidad de la Política de Educación Inclusiva del Ministerio, enfocándose únicamente en asuntos de diversidad o identidad sexual.
4
Falta al rol de autoridad y conducción del sector educativo, por el ausentismo y deserción escolar; hechos de violencia; retraso injustificado en entregar los resultados del Simce; no informar al Congreso el avance de la Estrategia Nacional de Educación Pública; y pobre infraestructura y resultados en el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación.
5
Incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junaeb por el inserto sobre Educación no Sexista en los cuadernos entregados a los jóvenes.
6
Infracción de la Junaeb a los programas de Alimentación Escolar y Alimentación Parvulario.
7
Incumplimiento de la ley en lo referente al Sistema de Educación Pública por “graves negligencias e inejecuciones” en la implementación de los Servicios Locales de Educación.
