El ataque la semana pasada a lo que se ha pasado a llamar infraestructura crítica -dos torres de alta tensión y un puente ferroviario- hizo que todos los poderes del Estado se reunieran y decidieran que actualizar la ley antiterrorista es fundamental. La idea es tener una norma que los persecutores no eviten invocar, como ocurre hoy. Como explicó el propio Presidente, Gabriel Boric, con la ley antiterrorista “hay un problema en la tipificación del acto terrorista y en la dificultad para determinar lo que se llama el animus y, por lo tanto, se vuelve ineficaz”. Pero no es lo único.
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Sí lo primero. Los fiscales prefieren perseguir los casos por la ley de armas, no sólo porque “es más fácil presentar la prueba, porque hay o no hay armas”, como resumió el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), sino también, como expone el ministro de Justicia, Luis Cordero, “las penas más altas están en la ley de armas y no en la ley antiterrorista. Por distintas razones que tienen que ver con nuestra trayectoria legislativa, hemos aumentado las penas en otras leyes y no en esta; entonces, requiere de una dimensión urgente de adecuación pero también de una visión un poco más estructural”.
Para Stephan Schubert, diputado del Comité Republicano, hay atraso, pues se pregunta “dónde está la urgencia de la ley de inteligencia; de la ley antiterrorista nosotros planteamos una modificación que el Gobierno conoce. Han dejado de invocar esa norma diciendo que es de difícil aplicación, pero dónde está la solución para eso”.
“El uso de la ley antiterrorista no solo depende del Ejecutivo, sino que también depende del Ministerio Público, que define sus posiciones estratégicas. También requiere actualización del punto de vista del contenido”, agregaba Cordero.
Conocedor del Ministerio Público, Manuel Guerra, exfiscal metropolitano oriente y hoy académico de la USS, asegura que el problema también es práctico. “Lo principal es que carece de técnicas especiales de investigación para hacer frente a un fenómeno que es complejo; el terrorismo no es un delito común, sino de organización y por lo tanto requiere una respuesta del Estado mucho más fuerte y el uso de técnicas especiales de investigación que al día de hoy la ley no tiene”.
El asunto está en la mesa, según indicó Luis Cordero, quien recalcó que “hay que fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de las policías para este fin”.
La idea que lleva tiempo rondando esta modificación legal es asimilar técnicas de la ley antidrogas a la de terrorismo. El exfiscal Guerra detalla que sería “particularmente en lo referido a la utilización de agentes encubiertos y reveladores e informantes, recreación de historias ficticias, cambio de identidad, normas especiales para la protección de testigos, entregas vigiladas, en este caso no de drogas, sino de madera robada, por ejemplo”.
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Este cambio, coinciden expertos, implica también una modernización de la ley de inteligencia y de la Agencia Nacional de Inteligencia, que hoy “ni tiene agentes propios, sino que depende de agentes de otras organizaciones del Estado”, como recuerda Guerra, a la vez que debe “considerar estándares internacionales”, como dijo el ministro Cordero, para que no vuelva a ocurrir una condena de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las resoluciones en Chile.
Replicar acuerdo de autoridades en el Congreso: el desafío que viene
El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic (PL), aseguró tras la reunión en La Moneda de la semana pasada que el tema del cambio de la ley antiterrorista “no es un problema ideológico”. Sin embargo, como toda norma, la discusión pasará por el Congreso.
El analista Marco Moreno, de la Universidad Central, da valor al hecho de que los poderes del Estado se hayan reunido para dar impulso al cambio legal.
“Sin duda es un avance”, dice, “ese es un camino importante, porque quiere decir que quienes están en el diseño y en la gestión de la política pública contra el terrorismo estén generando consensos y acuerdos, pero es importante sumar a este proceso a los actores políticos, quienes son los que deciden. Ese diseño requiere de aprobación política”, añadió el analista.
Moreno indica que es importante involucrar a los actores políticos en la toma de decisión “para generar también el consenso que permita dar la viabilidad política a estos acuerdos, por lo tanto debiera esperarse que en el corto plazo se pueda construir esa viabilidad política por la vía de sumar apoyos a las iniciativas que se estén llevando adelante en el sentido de la modificación de la ley contra el terrorismo”.
