Distintos oficios entregados por la fiscal Macarena Cartagena apuntaron a “irregularidades” y “negligencias” en la investigación por la desaparición y muerte de Tomás Bravo, niño de tres años que fue hallado sin vida en febrero de 2021 a dos kilómetros de su domicilio en el sector de Caripilún, en la comuna de Arauco, región del Biobío.
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Los informes fueron entregados por Fiscalía a la Defensoría Penal Pública después de que el Juzgado de Garantía de Arauco ordenase reabrir la indagatoria a petición del ente defensor, desde el cual acusaron eventuales errores metodológicos.
Cabe recordar que la Defensoría está representando a Jorge Escobar, tío abuelo de la víctima y único imputado de la causa por el delito de abandono con resultado de muerte.
Según reveló La Tercera, Cartagena acusó en los documentos “situaciones irregulares” por parte de la Policía de Investigaciones, así como “acciones, omisiones o posibles negligencias” por parte de la Brigada de Homicidios Concepción y otras divisiones de la policía civil.
Fiscales, Brigada de Homicidios y PDI bajo la lupa
Asimismo, la persecutora sindicó a los dos fiscales que estuvieron a cargo del caso antes de ella: Carolina Molina y José Ortiz, advirtiendo “responsabilidades compartidas en cuanto a cómo se enfrentaron los primeros pasos de esta indagatoria”.
Entre distintos puntos, la fiscal cuestionó que no se haya vigilado a Escobar: “No fue dispuesto por ninguno de los dos fiscales mencionados que estuvieron a cargo de la investigación entre la desaparición y cuatro días después el hallazgo del cuerpo, lo que derechamente merece nuestro juicio crítico y tampoco fue sugerido por el personal de la Brigada de Homicidios, encargado exclusivo de la investigación desde antes que transcurrieran 24 horas desde que se conocía la desaparición del niño y hasta la aparición de su cuerpo”.
También indicó que “hubo una inexplicable reticencia a considerarlo sospechoso, en circunstancias que durante ese tiempo acotado (nueve días) no apareció, ni aparece hasta la fecha ningún antecedente que lo descarte objetivamente como el responsable de lo que le aconteció al niño”.
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”Seguramente la falta de liderazgo de la fiscal Molina los primeros cinco días de búsqueda y la intervención de ‘muchas manos’ desde la PDI, en ese mismo lapso, que proponían cursos investigativos desesperados y algo ansiosos, conspiraron para que se obtuviera un resultado investigativo definitivamente irregular”, agregó
Sobre la formalización a Escobar por parte de Ortiz, advirtió que “fe una decisión equivocada, (...) no porque el tío abuelo fuera inocente, sino porque el fiscal no tenía antecedentes suficientes”.
Manifestó que “creemos que este hecho marcó definitivamente y de forma negativa la predisposición del personal BH-PDI para con la fiscalía y los fiscales y también para con la indagatoria”.
A todo ello, sumó una intervención “inadecuada, irrespetuosa y absolutamente dañina” por parte del prefecto Inspector Juan Carlos Carrasco durante una reunión de la BH y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, realizada después de la incorporación a la indagatoria de este último equipo.
”Es posible afirmar que todas las actuaciones que realiza la BH, desde ese entonces y hasta que entrega el último Informe, fueron realizadas bajo la absoluta convicción de que el niño se había perdido solo y había fallecido al margen de la intervención de terceros”, indicó, afirmando que Carrasco pidió acciones a la fiscal “siempre en pos de comprobar la teoría que se había elegido por la BH, como la única posible”.
”Dicha postura fue patente frente a diligencias que se les encargaron, las que realizaron sin el más mínimo entusiasmo, salvo aquellas que desplegaron de forma casi autónoma para poder imponer su versión de lo ocurrido, como lo hemos explicado”, complementó la persecutora.
