El Presidente de la República, Gabriel Boric, invitó a los parlamentarios a leer una “carta urgente” firmada por penalistas y criminólogos sobre el proyecto de ley Naín-Retamal, con miras a la tramitación en el Senado del cuerpo de ley este martes. La convocatoria la realizó el mandatario a través de un retweet.
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“Invito a los parlamentarios a leer esta carta de penalistas y criminólogos sobre debate legislativo actual. Insisto: seguridad, justicia y derechos humanos van de la mano y se fortalecen recíprocamente” escribió el Jefe de Estado.
Mensaje de la carta urgente
La mencionada carta inicia con una “profunda preocupación por la manera en la que el Congreso está abordando la actual crisis de seguridad”. Para los que suscriben la misiva, el proyecto aumentaría los “niveles de confusión en el uso de la fuerza policial”.
De aprobarse el proyecto, podría “afectar gravemente los derechos de las personas y la responsabilidad y probidad en el ejercicio de la función pública”.
En este sentido, se advierte una especial preocupación” por el artículo 7: sobre la legítima defensa privilegiada. Ello responde a que se “extendería en demasía” el alcance de esa facultad. Este permiso, para los penalistas y criminólogos, implicaría un criterio “puramente subjetivo” de los efectivos policiales.
“Se extiende en demasía el alcance del permiso, pues la norma presume, por ejemplo, que los empujones a un funcionario policial, de parte de dos personas que resistan una detención, configuraría una agresión ilegítima si a juicio del policía o militar tuvieran el potencial de lesionar o matar”, consigna la carta.
Asimismo, el texto señala que “la norma impone una confusa regulación al uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones”.
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Aprobada esta norma, traería como consecuencia “ser esgrimida en contra de cualquier ciudadano incluso contra adolescentes, facilitando asi una respuesta excesiva frente, por ejemplo, a las manifestaciones estudiantiles”.
La publicación original de la misiva corresponde a la cuenta de Twitter de Rocío Lorca, profesora de Derecho de la Universidad de Chile y primera penalista en firmar el documento.
