Este lunes 19 de diciembre fue conmemorado en el Palacio de La Moneda el Día Nacional Contra el Femicidio, en una ceremonia encabezada desde el mediodía por el Presidente Gabriel Boric.
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Tal acto se enmarcó en una campaña de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres, lanzada hace poco por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género bajo el mema “Sí es mi Problema”.
Cabe recordar que el 19 de diciembre es el Día Nacional Contra el Femicidio debido al trágico caso de Javiera Neira Oportus, quien en 2005 y con solo seis años fue asesinada por su padre, Alfredo Cabrera, mientras defendía a su madre, Claudia Neira, de un ataque con arma blanca del hombre.
Los progenitores estaban separados debido a la violencia ejercida por el hombre. Y el 19 de diciembre de 2005 la mamá fue al departamento del hombre para buscar a su hija, quien fue arrojada por la ventana de un séptimo piso por Alfredo Cabrera, el cual condenado a presidio perpetuo calificado de 40 años por los delitos de parricidio y homicidio frustrado.
TIPIFICAN EL SUICIDIO FEMICIDA
El Gobierno aprovechó la jornada de este lunes para promulgar la ley que tipifica el suicidio femicida, aprobada el 31 de agosto y que modificó varios cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evitar su revictimización, además de tipificar los delitos de inducción al suicidio y de suicidio femicida.
“Quien induzca a otra persona a cometer suicidio será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio (61 días a tres años). Si por tal circunstancia se produjera la muerte, la pena será de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a cinco años)”, dice la ley.
La norma legal fue denominada “Ley Antonia”, por lo que al Palacio de Gobierno asistió Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, joven que en octubre de 2019 se quitó la vida en Pucón a los 21 años, un mes después de ser violada por Martín Pradenas, quien fue sentenciado a 20 años de presidio mayor en su grado máximo por siete delitos sexuales, aunque el Ministerio Público y los abogados querellantes pedían una pena de 41 años de cárcel.
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“Un grupo de parlamentarios me invitó a apoyar esta iniciativa, que constata que mi hija sufrió suicidio femicida... Espero que con esta ley muchas niñas y familias no sufran lo que sufrió mi hija ni lo que hemos sufrido como familia. Ahora nace el delito de suicidio femicida, y se establece cuáles son las hipótesis para invocarlo”, dijo Alejandro Barra.
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“Mi experiencia me indica que a las policías les faltan capacitación y tecnología para encontrar con rapidez a los delincuentes. Se necesita que las víctimas sean bien recibidas, y darles confianza y herramientas para que se decidan a denunciar”, añadió el progenitor de Antonia Barra.
El Presidente Gabriel Boric indicó que “debería ser obvio, pero no lo es, y por eso hay que repetirlo con insistencia: las mujeres tienen derecho a vivir seguras, sin temor a ser víctimas de violencia por parte de sus parejas, exparejas o cualquier otra persona”.
“Y cuando existen agresiones de este tipo, es la sociedad en su conjunto la que ha fallado, particularmente el Estado y sus instituciones”.
El Primer Mandatario agregó que “las cifras no son alentadoras, pero también eso tiene que ver con que estamos preocupados de que haya más denuncias”.
“No podemos descansar ni sentirnos tranquilos mientras hayan una acusación y una mujer violentada... La felicidad llegará cuando logremos erradicar de forma definitiva de nuestra sociedad la violencia contra las mujeres”.
Y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, recordó que “la nueva ley no aplica para crímenes ya cometidos y sancionados, porque en el mundo penal las cuestiones no son retroactivas, pero sí nos permitirá empezar a ponerle nombre a algo que era acallado”.
Además, el Gobierno anunció un paquete de indicaciones para el proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y de sus familias, que ingresarán a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja.
Entre ellas está la que busca que se reconozca como víctimas a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de femicidio en cualquiera de sus grados (tentado, frustrado o consumado), a las personas bajo su cuidado y a quienes tengan su representación jurídica.
Otros de los puntos buscan establecer la obligación de todos los órganos del Estado de articular medidas de protección social con preferencia hacia las víctimas, y además entregar una pensión para los hijos y las hijas de mujeres víctimas de femicidios consumados.
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“Esperamos que pronto el Senado despache la Ley Integral de Violencia Contra las Mujeres, en la que estamos ingresando a niños y niñas no solo como testigos, sino que también como víctimas de la violencia contra sus madres y cuidadoras”, puntualizó la ministra Antonia Orellana.
La secretaria general de la UDI, la exdiputada María José Hoffmann, declaró que “como el Gobierno tiene un discurso tan bonito proapoyo a las mujeres, queremos y exigimos señales concretas”.
“Necesitamos que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se ponga la mano en el corazón y patrocine nuestro proyecto de ley en el que pedimos una pensión de gracia para los hijos y las hijas que quedan completamente abandonados”.
Cabe citar que desde 2013 hasta ayer, las cifras oficiales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género dan cuenta de 414 femicidios en el país: este año 36, 44 en 2021, 43 en 2020, 46 en 2019, 42 en 2018, 42 en 2017, 34 en 2016, 45 en 2015, 40 en 2014 y 40 en 2013.
VIOLENCIA MUY ARRAIGADA
Ivonne Verdugo es vocera de Femchi, Feministas en Chile, una red colaborativa feminista presente en todo el país.
Y sostiene que “lamentablemente, la violencia contra las mujeres es algo muy arraigado en el país, al punto de que nuestro catastro muestra cifra más altas que las oficiales”.
“E incluso estamos esperando desde 2017 que se aprobada la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres (ingresada en el segundo periodo de la Presidenta Michelle Bachelet), que sigue trabada en el Congreso”.
La representante de Femchi sostiene que “ahora los casos son más visibilizados, pero no bajan. Hay resistencia al cambio cultural en las generaciones de 30 años hacia arriba, pues eso significa reconocer que se está mal en lo personal y como sociedad”.
“Y además persisten muchos juicios y prejuicios contra las mujeres, quienes no cuentan con redes para apoyarse y se ven amarradas en lo económico a sus victimarios”.
“Aparte, al denunciar ante la Justicia se viene todo en contra de las víctimas, y las medidas, como la de alejamiento, son solo de papel e irreales, como lo he comprobado personalmente pues ante una denuncia que puse hace años solo he sido visitada dos veces por Carabineros”.
