Desde hace tiempo la Asociación de Isapres viene diciendo que el sistema de salud privado iniciado en 1981 está en serio riesgo.
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Gonzalo Simón, presidente de ese organismo, declaró en agosto pasado que “todas las Isapres están en riesgo de quebrar en pocos meses. Sumando 2021 y la primera mitad de 2022, el sistema tuvo un déficit de 222 mil millones de pesos, que es igual al superávit de los cuatro años anteriores”.
Justo dos días después de esas palabras, el jueves 18 de agosto la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones acogió doce recursos de protección presentados contra las alzas anuales de los valores de los planes y los dejó sin efecto, pero con carácter universal.
A ello se sumó el miércoles pasado otro fallo -o “Supremazo”- de la misma Tercera Sala, integrada en ambas ocasiones por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus.
Ahora se les ordenó a las Isapres aplicar a todos los afiliados la tabla única de factores de diciembre de 2019 de la Superintendencia de Salud, y abandonar sus propias tablas.
Las aseguradoras deben devolver además de manera retroactiva dinero a los cotizantes si se desprende del nuevo cálculo que hubo cobros de más, montos que serán considerados excedentes.
Hasta media tarde de ayer, las Isapres no se expresaban públicamente sobre lo que enfrentan, aunque el viernes se reunieron con el Ministerio de Salud y la Superintendencia.
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[ Las Isapres contra las cuerdas: ¿Cómo se ven afectados los afiliados?Opens in new window ]
Lo único que ha trascendido es que para ellos el panorama es “catastrófico”, lo que afectaría a las tres millones 300 mil personas que atienden y que ya se están viendo perjudicadas, pues muchos prestadores han terminado de forma unilateral por deudas los convenios con algunas Isapres, lo que obliga a los pacientes a cancelar todos los servicios y luego reembolsar.
¿Y qué puede pasar si alguna Isapre, varias o todas quiebran? ¿Cómo quedan los afiliados al sistema privado?
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo de forma muy general el domingo que “vamos a seguir con el análisis de los equipos técnicos viendo todas las alternativas, para resguardar y darles tranquilidad a los cotizantes, asegurando la estabilidad del sistema para que sus derechos sean garantizados”.
Su antecesor, Enrique Paris, manifestó que “son más de tres millones de personas las que hoy están en la incertidumbre, por lo que las autoridades, los ministerios de Salud y de Hacienda, deben ponerse de acuerdo con las Isapres para darles claridad a los afiliados al sistema privado de salud”.
“No hay que olvidar que más de 300 mil personas de las Isapres están en el GES-AUGE, y es vital que sigan con sus tratamientos, medicamentos y controles”, agregó quien hoy es presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián.
Enrique Paris recordó algo que es obvio si a Fonasa, que cubre a cerca del 80% de la población del país, llegan los cotizantes de las Isapres por el desplome de ellas.
“Colapsaría el sistema público porque se vería sobrecargado. Además, aumentarían las listas de espera y quizás crecerían las complicaciones de los más de 300 mil pacientes GES-AUGE de las Isapres”.
LA SUPERINTENDENCIA NEGÓ POSIBLE “SALVAVIDAS”
Amplio fue ayer el despliegue del superintendente de Salud, Víctor Torres, en diversos medios de comunicación debido a las consecuencias del último fallo de la Corte Suprema contra las Isapres.
Y por la gravedad del asunto, muchas voces ya pidieron que sea tramitado un paquete de leyes cortas para sostener al sistema de salud privado, y así evitar el inevitable colapso de Fonasa en caso de que tenga que recibir a los más de tres millones de afiliados a las Isapres.
Pero el superintendente aclaró que el Estado no les lanzará un “salvavidas”a las aseguradoras.
“Nosotros no estamos haciendo ningún salvataje (a las Isapres). Lo que queremos es tratar de aplicar un fallo siendo prudentes y razonables”, dijo Víctor Torres.
“Lo que uno tiene que hacer es buscar que no se afecte a los afiliados. Ese es un punto central para nosotros como Superintendencia, y significa dar garantías de que los cumplimientos del fallo no generen una caída abrupta de un día para otro del sistema... Esta es una situación que establece la posibilidad de tener certezas en cuanto a ver cómo se calculan los planes”, añadió el médico y exdiputado.
La Tercera Sala de la Corte Suprema le ordenó a la Superintendencia de Salud resolver en seis meses la devolución de dinero a los cotizantes si las Isapres les cobraron de más al aplicar sus tablas de factores, algo que las aseguradoras han dicho de manera extraoficial que les dejarían con pérdidas de mil millones de dólares.
CUÁNTO LE COSTARÍA AL FISCO ASUMIR A LA GENTE DE LAS ISAPRES
El Movimiento Ciudadano Salud Libre publicó en marzo de este año el estudio titulado “Costo financiero de la modificación del sistema mixto de salud”.
Y la principal conclusión es que “los recursos que se pueden extraer de los cotizantes de Isapres no solo no aportan para mejorar al sistema público, sino que son insuficientes para financiar la salud de estas personas, las que tendrán un importante costo para las arcas fiscales”.
Según el texto, “las cotizaciones obligatorias que reciben las Isapres no son suficientes para financiar las prestaciones que incluye el paquete actual de Fonasa, por lo que su inclusión en un Fondo Único generaría un costo adicional para el Fisco de 584 mil millones de pesos anuales”.
Ello lo explican precisando que “el 7% obligatorio en las Isapres equivale solo a 2,3 billones de pesos anuales”.
Eso es lo que ingresaría al sistema global, pero no los 900 mil millones de pesos de cotización adicional voluntaria que mejora las coberturas, “pues ese monto es de libre disposición de los cotizantes”.