Conmoción originó lo sucedido el lunes pasado en pleno centro de Santiago, en el Paseo Ahumada con Agustinas, cuando dos niños colombianos de 12 y 14 años fueron grabados cada uno con un cuchillo en la mano amenazando con violencia a una persona.
El video se viralizó en redes sociales y Carabineros intervino deteniendo a la madre de los menores, quien las oficia como comerciante callejera y es acompañada siempre por los pequeños, lo que fue asegurado por personas que transitan por ahí o están de manera habitual en el lugar.
Lo anterior implica además que los niños no van al colegio.
“Esta persona (la mujer) fue detenida y denunciada ante el Tribunal de Familia por la vulneración de los derechos de los niños. Además, hay que ver su situación migratoria, que en este momento es irregular”, dijo el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Carlos González.
Cabe citar que según datos de la policía uniformada, 200 niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos son detenidos a diario, por lo que en lo va del año ya suman más de 50 mil casos.
La madre de los muchachos quedó en libertad y en calidad de apercibida, lo que significa que fue citada a futuras audiencias. Y si no acude, se le aplicarán sanciones.
El grave hecho además fue informado a la Fiscalía Local Centro Norte.
EL CAMINO LEGAL
Respecto de lo que puede suceder en lo legal con los pequeños protagonistas de esta situación, la abogada Ximena Cuevas, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Mayor, explicó que “podría existir en estos casos un porte ilegal de arma blanca, y habría que entrar a revisar el tipo legal”.
“Pero lo que he notado hasta ahora de acuerdo a las declaraciones de las autoridades es que se busca proteger los derechos de estos niños por medio de un procedimiento del Tribunal de Familia, que empezará a investigar en base a informes de distintas instituciones. También hay que apuntar a la reinserción escolar de ambos por medio de programas específicos, pues aunque sean irregulares tienen derecho a la educación”.
La profesional agregó que “de acuerdo a su edad, para el de 12 años se abre una medida de protección, que se ve en los Tribunales de Familia, para poner término de forma inmediata a la vulneración o amenaza grave de vulneración de sus derechos. Se le puede derivar a un programa especial, y en último caso sería enviado a un hogar de acogida (del exSename, rebautizado Servicio Mejor Niñez)”.
La abogada precisó sobre el menor de 14 años que “si ha cometido algún ilícito tendría que ser derivado al Sistema de Garantía, porque entra a él por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Los antecedentes pasarían a la Fiscalía para iniciar el proceso y determinar una posible sanción. Pero si no ha cometido un ilícito, también se le aplican medidas de protección como a su hermano”.
LA POSICIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ
El caso de los dos menores colombianos causó la rápida acción de la Defensoría de la Niñez, que denunció el hecho en el Tribunal de Familia y en el Ministerio Público.
“Situaciones como esta no son admisibles y representan una manifiesta vulneración a los derechos de esos niños. Las denuncias son para que sean adoptadas las medidas que correspondan”, dijo la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
La abogada precisó que “hay que investigar para que de una vez por todas los adultos tengan sanciones y se entienda que exponer a niños, niñas y adolescentes a vulneraciones de derechos y a situaciones que implican la comisión de delitos no es algo que vamos a tolerar como sociedad”.
Patricia Muñoz presentó ayer el Informe 2022 sobre Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia en Chile, en su última cuenta pública como autoridad de ese organismo, creado en 2018 y que ella dejará en mayo de 2023.
Y los datos del trabajo indican que entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022 la Defensoría de la Niñez recibió 4.910 requerimientos o solicitudes de intervención por vulneraciones de derechos: 3.376 en el nivel central y 1.534 en regiones.
Fueron realizadas 46 denuncias penales y 119 denuncias administrativas. Y fueron presentadas 83 medidas de protección en Tribunales de Familia y hubo 52 querellas por delitos de alta connotación pública.
“ESTAMOS LLEGANDO TARDE, NO SE FUNCIONA COMO DEBE SER”
Marcelo Sánchez es el el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, organización enfocada en el desarrollo positivo de la infancia.
Y desde esa posición indica que lo visto con estos dos niños colombianos “muestra una realidad que estaba anestesiada, pues los esfuerzos se dieron en el cambio legislativo. Estamos llegando muy tarde en la práctica, porque las instituciones, programas y dispositivos no funcionan como debe ser”.
- ¿Qué se debe hacer para solucionr esta situación?
- Hay una normativa legal de protección de los derechos de menores y adolescentes que no se cumple. Por eso la Corte Suprema ya le advirtió al Estado que tiene esa obligación. Por ejemplo, hoy tenemos a 25 mil niños esperando atención ambulatoria de parte del Servicio Mejor Niñez (exSename). Y de acuerdo a cifras de Carabineros, hay un 45% más de niños involucrados en delitos graves.
- ¿Y cómo se mejora en la práctica?
- Hay que apuntar a una agenda temprana de prevención e intervención, desde antes de los 14 años. La evidencia internacional muestra que previo a esa edad se puede hacer algo, pues luego se relacionan con pares que los pueden llevar al delito. Los recursos y los diagnósticos están. No hay voluntad política para aumentar las coberturas locales y trabajar con tiempo, y así no lamentarse después.
