Ante el mismo texto, dos visiones. El convencional Cristián Monckeberg (RN) ha insistido en que la Constitución propuesta será muy difícil de reformar, y desde otros sectores interpretan las normas de manera totalmente distinta.
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Monckeberg reafirmó en Cooperativa que “con la cantidad de cerrojos que pusieron, es muy difícil pensar en cambiar una coma de la Constitución antes de 10 o 15 años”.
Cerrojo es la palabra clave, pero ¿es esta propuesta más cerrada, por ejemplo, que la Constitución de 1980? La norma actual, que seguirá si gana el Rechazo, dice que una reforma puede nacer del Presidente o un parlamentario y que el quórum para aprobarla es de 3/5 de los diputados (se necesitarían 93) y senadores (30), aunque establece que se necesitarán 2/3 (104 y 34) si se trata de Bases de la Institucionalidad, Derechos y Deberes Constitucionales, Tribunal Constitucional, FF.AA. y de Orden, Consejo de Seguridad Nacional y, desde la última modificación, de Reforma Constitucional.
El texto que regiría si gana el Apruebo, agrega como fuente de reforma a los representantes regionales y las iniciativas populares e indígenas, mientras que el quórum será de 4/7 (89 y 29), aunque en asuntos delicados, se necesitará de un referéndum a menos que consigan 2/3 de los votos. En este caso los temas sensibles son normas que alteren sustancialmente el régimen político y el período presidencial; el diseño de alguna cámara y la duración de sus integrantes; la forma de Estado Regional; principios y derechos fundamentales; y reforma y reemplazo de la Constitución.
Desde otra derecha, más dura, la convencional Teresa Marinovic opina que “será casi imposible hacer cambios, pero lo más complicado es que lo que se intente, deberá contar con la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas. Me parece abusivo”.
Ante las críticas por los supuestos cerrojos, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, señaló que “se establecieron quórums más bajos a los que hoy existen, porque entendemos que las demandas de hoy no son las mismas del mañana. Nada está escrito en piedra. Porque creemos en la democracia, está escrita sin cerrojos”.
El vicepresidente, Gaspar Domínguez, agregó que “el último capítulo se llama Sobre Reforma Constitucional, porque los textos constitucionales tienen que estar abiertos a ser reformados. Es de toda lógica suponer que la Constitución de 2022, en caso de ser aprobada, también va a recibir modificaciones”.
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El propio Presidente Gabriel Boric opinó en AricaTV sobre la opción de modificar la Constitución, si se aprueba. “El día después del Plebiscito, si es necesario llevar adelante un proceso de reformas, de ajustes o de conversaciones con los diferentes sectores para mejorar, no les quepa duda de que voy a estar disponible”, dijo .
Matias Orellana (convencional PS) defendió los quórums: “Generan certeza jurídica. No podíamos dejar los cambios a una mayoría simple, porque las constituciones, por su importancia normativa, tienen que generar un gran acuerdo país”.
La dificultad para reformar no es en lo que hay que fijarse, asegura María Ignacia Sandoval, profesora del Centro de Estudios Constitucionales de la U. de Talca. “Hay que centrarse en dos elementos: para la reforma se han incorporado mecanismos de participación, como el referéndum ratificatorio; y que contempla un procedimiento para el reemplazo a través de una Asamblea Constituyente, que no está contemplado en la Constitución de 1980″.
La abogada agrega que el referéndum “no opera como un obstáculo”, porque “si el proyecto de reforma es aprobado con 2/3, no lo necesita”.
Frente a la idea de tener altos quórums para garantizar la institucionalidad, Sandoval asegura que “lo importante es que los procedimientos sean democráticos y participativos, que permitan que el texto constitucional se adapte a la realidad de la sociedad. Los quórums supremayoritarios no aseguran una mejor institucionalidad”.
Desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBO, su decano, Alain Carrier, explica que los cuatro séptimos “esconden una lógica política de dificultar cualquier modificación que atente contra la esencia de los cambios propuestos, lo que se ve fortalecido por el, eventual, referéndum”.
Detrás de ello, complementa Carrier, “se trata de evitar que los actuales actores políticos, especialmente los senadores, que se van a ver afectados, puedan fácilmente desactivar estos cambios. Está lógica de obstaculización se ve, no obstante, legitimada porque habrá sido ratificada por el plebiscito de salida”.
