En el marco de su su visita a Coyhaique, en la Región de Aysén, la Ministra del Interior Izkia Siches, fue consultada por la acusación constitucional en su contra que esta semana fue presentada por el Partido republicano. De inmediato, respondió sin titubear: “Desde nuestra perspectiva, esta es una acusación absolutamente infundada, pero también se puede transformar en una gran oportunidad de mostrar en lo que hemos estado trabajando”,
La titular de cartera se mostró tranquila cuando aprovechó para agregar que “como Ejecutivo somos muy respetuosos de las funciones del Parlamento... Vamos a acudir, concurrir, con los distintos elementos”. De todas maneras, manifestó también su intención de continuar con su labor de la manera más tranquila y efectiva posible : “Vamos a seguir, más allá de estos hechos, en terreno trabajando con las autoridades locales para llevar un Estado robusto a todo el territorio nacional”.
¿Qué dice la acusación constitucional?
El Partido Republicano enumeró un total de siete episodios para sustentar la acusación constitucional, los cuales ponen cuestionan la capacidad de la Ministro del Interior Izkia Siches para continuar en su cargo.
Primero, “El retiro de querellas presentadas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los causantes de robos, incendios, destrozos y otros delitos graves cometidos durante el mediáticamente denominado ‘estallido social’ y el proceso de desarticulación de la división jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
Segundo, “La no ejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al grave atentado que sufrió la ministra del Interior y Seguridad Pública y su comitiva en la localidad de Temucuicui, que incluyó la utilización de armas y amenazas”
Tercero, “El haber comprometido gravemente el honor de la Nación al utilizar, de manera imprudente e inoportuna, el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino, generando un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina”.
Cuarto, “Entregar informaciones inexactas o intencionadamente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, la incautación de armas a nivel nacional o las víctimas civiles en La Araucanía”.
Quinto, “Dejar sin aplicación la Ley de Migración y Extranjería, comprometiendo especialmente la situación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”.
Sexto, “Omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la autodenominada Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la ‘resistencia armada’ contra el Estado de Chile”.
Séptimo, “Ignorar los resultados y recomendaciones sobre la aplicación del Estado de Emergencia, generando una reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en la macrozona sur del país, que implicaron una afectación grave a la seguridad de la Nación y no ejecución de la Constitución y las leyes, poniendo en riesgo los Derechos Fundamentales de las personas”.
