Las últimas normas sobre Sistema Político conoció el Pleno de la Convención Constitucional. De los diversos temas, las policías, la labor de las Fuerzas Armadas y los estados de excepción centraron el debate.
Lo que se buscaba con las normas reformadas era aumentar el control civil sobre las instituciones armadas, que fuese claro que las policías (Carabineros y PDI) quedaban bajo el alero de la nueva Política Nacional de Seguridad Pública, a cargo del Presidente de turno, que son instituciones descentralizadas y eliminar cualquier idea de que se trate de grupos militares; es decir, no con funciones de soberanía, sino cercanos a la gente.
“Las policías son instituciones policiales, no militares”, dice claramente el artículo aprobado y que como el resto de las normas con visto bueno ayer, pasaron al borrador de la Carta Magna.
Se aprobó también que las policías deben incorporar la perspectiva de género en sus funciones y promover la paridad en sus espacios de toma de decisiones, es decir, los altos mandos.
Se rechazó la idea de que las escuelas de formación policíaca y de las FF.AA. tuvieran una única escuela por rama, aunque sí se aprobó que el ingreso y los estudios sean gratuitos y no discriminatorios, igualándose al resto de la educación superior en el país.
Tampoco se dio pie a que quedaran exentos de responsabilidad penal los carabineros, PDI y gendarmes que hicieran uso de su arma en defensa propia o de un tercero que necesite auxilio.
En el caso de los estados de emergencia, se reducen solo a tres: guerra internacional, conflicto armado interno o calamidad nacional. El Estado de Emergencia queda en el pasado, pues la idea de la mayoría fue que ha sido usado para reprimir manifestaciones sociales y militarizar la Araucanía.
Esos tres estados serán, precisamente, los únicos en que las FF.AA. podrían prestar servicios. El asunto fue criticado no solo por los convencionales más afines, quienes hicieron ver que no se podría enfrentar la violencia que acompañó a las movilizaciones de 2019, sino también que no habría rescate aéreo o antártico de emergencia, ayuda en situaciones particulares médicas o policía marina que resguarde el narcotráfico. Sin embargo, las labores “sin uso de la fuerza ni carácter militar” no fueron aprobadas.
Finalmente, se estableció que una comisión fijará las remuneraciones de las autoridades de elección popular y las inhabilidades para optar a esos cargos a condenados por crímenes “de lesa humanidad, sexuales, de violencia intrafamiliar y corrupción”.
Comisiones nuevas no logran elegir a todos sus coordinadores
Esta semana terminan sus labores las comisiones temáticas; desde la próxima, los convencionales integrarán tres nuevas comisiones: de Armonización, Preámbulo y Normas Transitorias, aunque su primer día no fue tranquilo, pues solo una tuvo acuerdo para elegir a sus coordinadores.
Armonización, que debe buscar y solucionar incoherencias u otros errores entre los textos aprobados para el borrador, fue una, y la otra, Normas Transitorias, que debe redactar las reglas de la transición para poner en marcha la nueva Constitución.
Del trabajo de este último grupo ya se está hablando, pues venció el plazo para presentar las propuestas. Habría acuerdo en que las normas sobre el Poder Legislativo entren en vigor en 2026, y que el primer período dure tres años, aunque habrá discusión respecto de los quórums.
También habría coincidencia en que el actual mandato de Gabriel Boric dure los cuatro años, pero no podría repostularse, es decir, la idea es no cambiar las reglas que existían cuando postuló al cargo.
Mejor le fue a Preámbulo, aunque no totalmente. Adriana Cancino será una de las coordinadoras, pero el segundo nombre quedó en el aire. Este grupo debe redactar los artículos iniciales de la Constitución, que resuman los principios del texto total.
