Una serie de críticas han surgido ante la decisión del Juzgado de Garantía de Santiago por dejar con arresto domiciliario total a los dos imputados por realizar disparos el pasado 1 de mayo en el Barrio Meiggs, en el marco de la marcha por el Día del Trabajador.
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Los acusados fueron identificados como Yonaiker Fuenmayor Rondón, ciudadano venezolano de 22 años; y Luis Flores Salazar, de 31 años y nacionalidad colombiana, quienes fueron formalizados por disparos injustificados en la vía pública y por porte ilegal de arma de fuego y municiones.
Tres personas quedaron heridas de bala durante esa jornada. La más grave es la periodista Francisca Sandoval, del medio comunitario Señal 3 La Victoria, quien se encuentra en riesgo vital.
Tras la formalización, la diputada Karol Cariola (Partido Comunista) afirmó vía Twitter que “resulta incomprensible que ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior solicitaran prisión preventiva a posibles culpables”. A las mismas instituciones apuntó la familia de Sandoval, cuyo asesor jurídico advirtió una “colusión que existe entre la fuerza policial de Carabineros y las mafias”.
En ese contexto, el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Metropolitana Norte, Octavio Sufán, aseguró que las cautelares fueron determinadas debido a que los dos acusados no tendrían relación con los civiles heridos.
“Fuimos testigos de las diligencias de investigación que realizó tanto la Brigada de Homicidios como el Ministerio Público y nos parece que van en la línea correcta para determinar la identidad de los verdaderos autores”, indicó.
En esa línea, aseguró que los imputados “preliminarmente, no tienen participación en las heridas, lesiones, que se generaron respecto de una reportera y dos personas más que se encontraban en las manifestaciones del barrio Meiggs”.
