Producto de la movilización de camioneros en distintas regiones del país, las cuales incluyeron cortes de tránsito en carreteras, el Gobierno ha presentado nueve querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE).

De acuerdo con el detalle, en la Región de Tarapacá se presentaron dos, en Antofagasta tres, y una en las regiones de Coquimbo, Maule, Los Lagos y Magallanes.

Y pese a que según el Gobierno se fundan en la necesidad de que la ley impere, las críticas desde la oposición se hicieron presentes.

El diputado Cristián Labbé (UDI), por ejemplo, sostuvo: “Le aplican LSE a una manifestación que era pacífica de los camioneros, y se olvidan de que hay gente que quiere exponer sus problemas”.

Por su parte, Rubén Oyarzo (PDG) expuso que, a diferencia del caso de los transportistas, “en la Macrozona Sur no se ha aplicado esta ley. La ley es pareja, y aquí el Gobierno no está mostrando esas señales”.

Los diputados Jorge Alessandri y Cristhian Moreira, en tanto, cuestionaron que no se estén tomando acciones contra “estudiantes violentistas”.

“Un grupo de estudiantes violentistas de la comuna de Santiago se están tomando la principal arteria de la capital con violencia y destrucción, pero no vemos que se les esté tratando con la misma vara”, plantearon, en alusión a la quema de una micro afuera del Liceo Barros Borgoño y a los enfrentamientos con carabineros registrados en los alrededores del Instituto Nacional y el INBA.

En La Moneda no hicieron oídos sordos de las críticas y fue el propio presidente el que salió a detallar las definiciones, dejando en claro que hay tolerancia cero con la violencia.

“Se cortaron de manera coordinada rutas a lo largo y ancho de todo Chile, se impidió el paso de vehículos de emergencia, a la ciudadanía en general, y el Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados”, aclaró, agregando que “quienes cortaron rutas habían decidido no ser parte siquiera de las conversaciones. Por lo tanto, como jefe de Estado no puedo permitir que se le impida el libre tránsito”.

Y dijo que están tomando acciones. “La inaceptable violencia es consecuencia de un problema político e histórico no resuelto. Y como Gobierno, vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos por abordarlo”, enfatizó.

En el caso de los estudiantes, Boric manifestó: “He señalado esto desde la época en que fui dirigente estudiantil y hoy, como jefe de Estado lo sostengo con más convicción aún: La violencia no es el camino”.

Por lo mismo, fue tajante en que “en este gobierno, los estudiantes que quieran dialogar van a tener las puertas abiertas”, pero “los que quieran quemar buses o utilizar medios violentos para defender sus reivindicaciones, tendrán que responder ante la ley como corresponde”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también se refirió a la polémica, pues fue quien encabezó los diálogos con los dirigentes movilizados, y en el mismo tono que el Presidente, defendió la determinación adoptada.

“Una cosa es que los ciudadanos marchen por una avenida, se movilicen por una demanda (...) Pero otra cosa es (esta acción) de un gremio tan importante, con una capacidad que es mucho más estratégica, no es una marcha por una calle o por una avenida, es el bloqueo de las rutas”, detalló.

General Yáñez pide ir más allá de la reforma a Carabineros

Carabineros conmemoró ayer su 95º aniversario en una ceremonia que estuvo encabezada por el Presidente Gabriel Boric y el general director Ricardo Yáñez, quien emitió un crítico discurso.

Haciéndose cargo de los niveles de violencia que se han visto en el país, Yáñez reconoció que la reforma en las filas que dirige es necesaria, pero insistió en que no es lo único que se requiere.

“Carabineros de Chile hace sus mejores esfuerzos por contribuir a controlar el fenómeno delictual. Pero les recuerdo que actuamos sobre los efectos de una degradación social y no sobre sus causas. Aquí se requiere el compromiso de todos. La sola reforma a Carabineros no va a solucionar el problema”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario indicó que en la institución han entendido el mensaje y que todos han pasado a ser “agentes de cambio”.

“Estamos preocupados de ser lo más transparente posible respecto de nuestros procedimientos y actuaciones”, resaltó, agregando que por ello se ha modificado el uniforme, para así contar con “alternativas previas y graduales en el uso legítimo de la fuerza”.

“Para seguir creciendo tenemos que escuchar, dialogar y aprender”, recalcó.