La Fiscalía de Antofagasta emitió un comunicado en el que explica la situación del arraigo nacional en caso Rojo, luego de que la exalcaldesa de la ciudad nortina abandonara el país durante la jornada de ayer al no existir una medida cautelar que se lo impidiera.
PUBLICIDAD
”El Ministerio Público, a través del Fiscal Jefe de Antofagasta y quien llevaba la causa, Cristian Aguilar Aranela, solicitó ante el Tribunal de Garantía de la ciudad, la medida cautelar de arraigo nacional a la entonces imputada, Karen Rojo Venegas, instancia que dicho tribunal otorgó la medida cautelar de prohibición de salir del país el 15 de junio del 2018″, aclaran en primer lugar.
Luego, mencionan que “con fecha 25 de junio del 2018, la Corte de Apelaciones de Antofagasta dejó sin efecto la medida cautelar de arraigo nacional en contra de Karen Rojo Venegas, tras recurso de apelación de su defensa. La Corte de Apelaciones fundó su decisión en que no existían antecedentes que justificaran la existencia de un peligro de fuga de la exalcaldesa Karen Rojo Venegas”.
”La exalcaldesa Karen Rojo con posterioridad se presentó a todos los actos del procedimiento, incluyendo su juicio oral que se extendió por casi dos meses, específicamente, durante los meses de noviembre y diciembre del 2020″, prosiguen.
Luego, aseguran que “habiendo tomado conocimiento del rechazo de los sendos recursos de nulidad presentados por la sentenciada por la Excelentísima Corte Suprema y teniendo conocimiento que la condenada salió del país, se están realizando todas las gestiones, tanto judiciales como policiales, para su ubicación y extradición a fin de que se otorgue efectivo cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Oral en Lo Penal de Antofagasta”.
”La Fiscalía local de Antofagasta reitera a la comunidad que harán uso de todas las herramientas legales para la logra”, cerraron.
Cabe recordar que en enero del año pasado, Rojo fue hallada culpable de haber contratado los servicios de José Miguel Izquierdo, de la agencia Main Comunicaciones, utilizando recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la ciudad, para realizar una asesoría entre el 1 de octubre de 2015 y el 1 de agosto de 2016, en el llamado “Caso Main”.
En esa oportunidad, el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta decretó la pena de 5 años y un día de presidio, la inhabilitación absoluta temporal, por el tiempo de su pena, para ejercer cargos públicos, la inhabilitación perpetua para derechos políticos y una multa del 20% del perjuicio causado, equivalente $4.344.485.
