La votación en general de los 50 artículos del primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales en el Pleno enfrentó resultados diametralmente opuestos.
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Mientras uno se aprobó por unanimidad -el derecho a la integridad personal- otros se rechazaron con el apoyo de apenas cuatro convencionales, como el derecho a la defensa penal, y a ser oído y a la prueba. O sea, algunos ni siquiera contaron con el respaldo de los miembros de la Comisión que los formuló.
En resumen, sólo 14 de las normas fueron visadas y ahora serán debatidas en particular. Las 36 rechazadas volverán a la Comisión para ser objeto de indicaciones.
Pero pese a que el resultado fue algo peor del esperado, pues confiaban en que al menos 16 recibirían luz verde, se destacó la aprobación de los artículos que consagran los derechos sexuales y reproductivos (con 109 votos a favor), y el que establece la obligatoriedad del Estado de impartir educación sexual integral (con 105).
Producto del primero, el Estado deberá garantizar “a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del mismo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”, lo que fue celebrado ampliamente.
Ante ello, Bárbara Sepúlveda celebró: “No aceptaremos que nos traten como seres irracionales que no pueden tomar decisiones sobre sus cuerpos”.
“Estamos muy satisfechos. Hemos tenido un arduo día de trabajo que ha tenido resultados, lo que habíamos proyectado”, destacó Janis Meneses, una de las coordinadoras de la Comisión.
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Por su parte, César Valenzuela, también coordinador, sostuvo: “El rechazo en la votación en general nos permite mayor flexibilidad para poder abordar estas normas, y por otra parte, hacernos cargo de las más de 400 iniciativas que aún debe conocer nuestra Comisión”.
Igualmente, ambos destacaron el hecho de que se hayan aprobado las normas que establecen que los Derechos Fundamentales son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes entre sí, su financiamiento, y la que declara imprescriptibles e inamnistiables los delitos de lesa humanidad.
