“Estamos dando buenos pasos. Vamos por buen camino”. Esa es la primera reflexión que Jaime Bassa (D7) hace al comentar los avances de la Comisión de Sistema Político, que el sábado aprobó las atribuciones que tendrán las dos cámaras del Poder Legislativo.

Se trata de un Congreso Plurinacional que verá el grueso de las leyes nacionales y de una Cámara o Consejo Territorial, que concurrirá en materias específicas, especialmente de asuntos regionales.

Terminaron con los quórum “contramayoritarios” y la regla general será que las normas se aprueben por mayoría simple, siendo el único quórum especial la mayoría absoluta. Además, entre otros asuntos, terminaron con la iniciativa exclusiva del presidente y se incorporó la figura de la “ley de concurrencia presidencial”.

¿Quedó conforme con las atribuciones del Consejo Territorial?

—Me parece que la política chilena gana mucho teniendo un órgano de representación de las regiones. Por eso para nosotros es tan importante que esa Cámara o Consejo no tenga demasiadas atribuciones de rango nacional, porque eso va a desvirtuar su condición.

Pero ha ido ganando atribuciones.

— Efectivamente han ido creciendo las atribuciones y creo que, más que un error, ha sido el resultado de las presiones a las que están sometidos distintos constituyentes, especialmente, creo yo, desde los partidos que tradicionalmente han ejercido el poder. Muy probablemente responde a intereses particulares y no tanto a un diseño que efectivamente garantice la representación de los intereses regionales. Las presiones de afuera han distorcionado, al menos hasta ahora, lo que se ha ido aprobando.

¿Les ha faltado convicción a esos representantes?

— Hay una diferencia importante en la interpretación que estamos haciendo de los problemas de la política. Porque del lado de quienes han concurrido al acuerdo, desde sus posiciones bicamerales originarias, han estado tensionando por subirle las atribuciones pensando en el Senado, en cómo ‘restituirles atribuciones’ y no pensando en lo importante que es tener un órgano de representación territorial. Es ingenuo de parte de ciertos sectores pensar que un órgano como ese contenga la dimensión expansiva y crecedora que tiene el poder político. Si damos un paso como ese, la dimensión territorial del órgano se va a ir diluyendo.

Con su propuesta, ese sector dice que sería un “león sin dientes”, y agregan que el Congreso Unicameral siempre va a tener más voces de la RM, ¿A quién le creemos?

—Es clave abordar el problema de las atribuciones a partir de nuestras convicciones democráticas. El órgano de representación territorial tiene que ser representativo de las regiones, no de la población que las regiones tengan, por eso aprobamos que cada región tenga igual número de representantes. No se trata de que sea un ‘león con dientes’, porque el Consejo Territorial, a diferencia del Senado, no está pensado como un órgano revisor, de lo que hace la otra Cámara. La lógica de los dientes es una lógica propia de un modelo bicameral que desconfía de la Cámara de Representación Popular. La Comisión aprobó un paquete de principios para el Congreso Plurinacional, que establecen que va a tener representación proporcional a la población; representación territorial, lo que va a corregir la distorsión que genera la concentración de la población en la capital; va a tener escaños reservados para los PP.OO.; y además su composición va a ser paritaria. Entonces, no es verdad que el Congreso Plurinacional vaya a distorsionar la representación.

¿Han avanzado en acercar posturas?

—Estamos conversando muy intensamente por un diseño institucional coherente. Distintos sectores han estado de acuerdo en la asimetría y creo que es un piso mínimo para mantener cualquier conversación abierta. Más allá de cómo se muevan los votos en la Comisión, en el Pleno no hay 2/3 para un modelo bicameral tradicional. Quienes están empujando mayores atribuciones, tienen que saber que el elástico no se estira indefinidamente. El elástico puede cortarse si suben demasiado la apuesta.

Pero considerando que usted cree que eso responde a convicciones democráticas ¿Van a tener los 2/3?

— Por lo que se ha estado conversando, hay un acuerdo bastante transversal en que el Congreso Plurinacional tenga la estructura que se ha propuesto. Aprobamos con amplia mayoría elementos muy importantes del proceso legislativo, en el cual mayoritariamente participa el Congreso y excepcionalmente concurre la Cámara, lo que ya es parte de un acuerdo muy mayoritario. Lo que está pendiente son las atribuciones de carácter nacional del Consejo. Ahí está el punto de mayor tensión.

De las críticas y el “Rechazo”

La discusión sobre un eventual fortalecimiento del rechazo se instaló ¿Lo han conversado?

— Sí, es un tema que hemos estado discutiendo. Tengo la impresión de que el discurso anticonstituyente se está alimentando artificialmente a partir de ciertas iniciativas concretas que se han caricaturizado y ridiculizado a través de los medio de comunicación más tradicionales, dejando un poco de lado el contenido de lo que efectivamente se está aprobando. He escuchado muchas críticas a lo que se está aprobando, en base a cuestiones que fueron rechazadas.

Se repite el adjetivo de “radical” ¿Eso los lleva a moderarse?

—En el derecho chileno, lo único radical es la Constitución del 80, porque impone un proyecto que se identifica muy claramente con un sector. Es una Constitución militante. Lo que ha estado ocurriendo en el proceso constituyente es más bien lo contrario, ha sido el resultado de la deliberación de distintos sectores. Nadie se ha radicalizado, eso no es correcto. Uno de los argumentos que permiten ver eso, es que son muchos los sectores, incluso a veces la derecha, los que concurren a las normas aprobadas. Lo que hemos visto es la progresiva moderación de las propuestas iniciales y tiene que ver con construir a partir de aquello que tenemos en común. Ese discurso de la radicalidad es una falacia argumentativa que ha sido utilizada para manipular a la opinión pública y construir un cierto sentido común anticonstituyente que surge preferentemente de los sectores privilegiados.

¿Cree que en el informe de Medio Ambiente se vio algo del maximalismo que está cuestionando la derecha?

—No. Hay que desdramatizar un poco lo que está ocurriendo con esa Comisión, porque siempre defendimos que el proceso de generación de la norma iba a generar ciertas condiciones de diálogo. No es la derrota del maximalismo o el triunfo del minimalismo, porque fuimos varias las izquierdas las que concurrimos con el voto de rechazo en el Pleno. Pero hay un proceso de diálogo que está tratando de encontrar el punto, el tono de la redacción, porque sabemos que este proceso constituyente tiene un tono ecológico que forma parte de los conflictos sociales que hay que resolver.

¿Cómo van a enfrentar el llamado de Schalper a quitarle “fuerza moral” a la Convención?

—Ese tipo de cuestiones dejan en evidencia el carácter militante con el cual ciertos sectores políticos han concurrido al proceso constituyente y que tienen como finalidad proteger su propio proyecto de Constitución, que es la del ‘80, más que participar y colaborar en la construcción democrática de la nueva Constitución. Eso lo vamos a enfrentar de la misma forma que como hemos estado llevando el proceso, que es con diálogo permanente y abierto no sólo a la ciudadanía, sino también a aquellos sectores que no participaron, y la garantía son las reglas que fijamos.

¿La redacción de los artículos es clara?

—Hay que cumplir dos objetivos. Tienen que ser escritos en un lenguaje suficientemente técnico y correcto para garantizar la coherencia interna. Y con un lenguaje claro para que sus normas sean también el reflejo del pacto social de esta nueva Constitución.

Han dicho en varios tonos que el tiempo apremia ¿Van a alcanzar a hacer un trabajo serio?

— Pensando en el tipo de trabajo que ha hecho la Convención, en los resultados de las Comisiones Provisorias en agosto, en lo que se ha hecho en las Comisiones Permanentes y las votaciones en el Pleno, creo que hay buenas razones para pensar que se pueda cumplir con el mandato dentro de los plazos. Hay Comisiones que han presentado en sus primeros informes avances muy significativos respecto de lo que tienen que entregar. Por ejemplo, la próxima semana ya vamos a ver informe en el Pleno de las comisiones de Principios y Derechos Fundamentales. Con eso ya tendríamos informes de todas las comisiones, salvo de la número 1. Pero esa comisión, en su primer informe, va a trabajar el 80% de las materias que tiene que ver en total. Entonces, durante las próximas dos o tres semanas, va a quedar aprobado parte muy importante del nuevo texto Constitucional. A mediados de abril, o la tercera semana, vamos a estar con el borrador de texto constitucional íntegramente aprobado.

En el caso de que la Constitución se apruebe ¿Le preocupa la “bajada legal” en el Congreso como el de hoy?

— No me preocupa. Es importante que se produzca esa suerte de articulación entre el ejercicio del poder constituyente y el ejercicio de los poderes constituidos, especialmente porque una vez que la CC termine con su trabajo se va a disolver automáticamente y va a dar paso a la política regular a través de la cual se va a implementar la nueva Constitución.

Este tipo de situaciones deja en evidencia lo importante que es recuperar los espacios de representación popular, incentivar a la participación electoral, fortalecer a los partidos, que sean democráticos, transparentes y avanzar en ese sentido, como ha hecho el proceso constituyente. Probablemente lo que hemos visto del Congreso en las últimas décadas ha sido un progresivo deterioro de la confianza que la ciudadanía tiene de el, ahí hay un desafío que no dice relación sólo con la implementación de nueva Constitución, sino que con la recuperación de la legitimidad y confianza que el Poder Legislativo debe tener.