En siete días, Antonia Orellana asumirá como ministra de la Mujer y la Equidad de Género, y ya tiene claro que en los primeros meses, el “centro” estará en recuperar el empleo femenino.

A su juicio, “la autonomía económica es básica para que las mujeres vivan en libertad en un país tan machista como este”. Pero no será lo único, porque la periodista está siguiendo de cerca la implementación de políticas con perspectiva de género en las distintas reparticiones.

En el primer encuentro que reunió al gabinete en Casona El Cañaveral, ya le encomendó a cada ministro contar con una asesora de género, y hoy encabezará una nueva cita interministerial en la Usach, para entregarle a cada uno de sus pares información respecto del estado de la cartera que encabezan y datos generales.

Usted se declara feminista ¿Cree que este va a ser un gobierno feminista en la práctica?

Creo que hay muchos feminismos y nosotras, con el que nos sentimos interpretadas, es con la idea del feminismo como un planteamiento político respecto a la igualdad, respecto de que la diversidad humana no se traduzca en desigualdad. En eso, espero que con la luz de los años, porque eso también pasa, podamos ser evaluados como un gobierno feminista. Hay algo muy bonito en el feminismo, que es que muchas veces cosas que en su momento se vieron como aisladas, con el paso de los tiempos se vuelven a mirar y se dice, esto fue un avance en ese momento, porque dio inicio a todo esto que pasó después. Eso nos ha permitido valorar avances, con todo lo lento que también nos parece.

¿En qué se va a traducir esta mirada de igualdad?

Ahora nos toca del lado de la administración del Estado, lo que para mí es un cambio de switch importante, porque hay que pasar de la interpelación a la gestión y ahí el cómo hacerlo se divide en dos grandes puntos. Primero en cómo formular planes nuevos y que todo lo que formulemos en todas las áreas, transporte, energía, mujer, educación, no perpetúen la desigualdad, que no contribuyan a continuar con la situación actual. Y lo otro es que, en la evaluación de lo que ya se ha hecho, podamos identificar qué es lo que se está haciendo que perpetúe la desigualdad, para modificarlo.

Cuando los ministros lean la carpeta que les vamos a entregar, se van a encontrar con que hay varios ministerios en los que no hay, ni siquiera, suficientes datos como para hacer un diagnóstico. Ese un primer desafíos clave, contar con datos desagregados para hacer buenos diagnósticos y formular buenas políticas que más que enfatizar en las diferencias de género, las tengan en cuenta.

¿Por ejemplo?

En Transportes, por ejemplo, no puedes hacer sólo recorridos de micro que vayan de la casa a los lugares de trabajo, porque hay todo un circuito que no es productivo de desplazamiento, que son los que hacen cuidadoras, dueñas de casa, etc. Si tu sólo planificas las rutas de transporte en base a los grandes desplazamientos, sin tomar en cuenta eso, vas a dejar a esas mujeres, que además suelen trasladarse con niños, adultos mayores, sin rutas de acceso. Eso es un ejemplo de manual, o esto que anunció el gobierno actual como política de seguridad, en torno a que va a ser más fácil cerrar los pasajes. Desde la perspectiva de la seguridad de las mujeres eso no es tan buena idea. A eso nos referimos con enfoque de género, analizar si las decisiones impactan igual para todos.

¿Su Ministerio es el que coordinará eso o cada uno tiene una entidad encargada de ello?

De acuerdo con los compromisos que se hicieron el 2018, todo el Estado debería tener datos desagregados y no es así. Entonces, nuestro encargo para los ministerios va a ser distinto, dependiendo el grado de avance que tengan, pero no es un encargo del Ministerio de la Mujer, es un encargo del gobierno, y por eso en el primer encuentro interministerial que tuvimos en la Casona El Cañaveral, les hicimos el primer adelanto, que es que todas las carteras tenían que tener una asesora ministerial de género, que no es que tenga que ser feminista, sino una persona en su área y género, para que pueda hacer la contraparte de ese trabajo de seguimiento.

¿Tiene que ver esto con la integración del Ministerio de la Mujer al Comité político?

Lo del Comité Político fue en primer lugar una idea de la ministra Camila Vallejo y creo que es importante recordarlo. Ella lo planteó también como signo de los tiempos. Es decir, hay un gran déficit de representación de las mujeres en todo el Estado, en todo lo que uno se imagine y el Comité Político es una de las instancias de toma de decisión más altas que hay. Entonces, la idea de integrarlo cumple una labor simbólica, en el sentido de que ahora las mujeres entran a los espacios de decisión más importantes, pero también en el entendido de que esté el enfoque en las decisiones políticas centrales del gobierno.

¿Esa interacción se cruza con el rol que cumplirá Irina Karamanos como Primera Dama?

El cargo de Primera Dama ha estado históricamente vinculado a las mujeres, pero es también un rol que es muy resistido por las feministas, y ahí el compromiso que ha tomado muy valientemente Irina, porque no era una decisión fácil en ningún sentido, fue la de reformular las competencias que tiene ese rol, para que las mujeres no seamos vistas desde la perspectiva de la caridad en nuestra vida política, además de impulsar una agenda complementaria más bien enfocada en grupos históricamente excluidos. Vamos a tener agendas conjuntas, pero tenemos roles distintos.

¿Con qué Estado se encuentran en torno a las políticas de género? Cuando usted fue designada se instaló la frase “Tenemos Ministra” ¿Qué opinión tiene de quienes las anteceden en el puesto?

Hemos tenido un traspaso bien ordenado, pero tenemos un diagnóstico crítico de lo que fueron las políticas de género generales de este gobierno. Los dos primeros años hubo una desconexión muy clara con el rol del Ministerio de la Mujer. No se avanzó mucho en agenda legislativa y lo que hubo, y es de donde sale esta consigna de ‘no tenemos ministra’, es que en el momento de mayor violencia de la revuelta, habían denuncias de abuso sexual por parte de agentes del Estado y se interpelaba a la ministra para que se refiriera a aquello y no ocurrió. Desde ahí quedó esa sensación de vacío, porque con el Ministerio de la Mujer ocurre que se siente que es más de las mujeres que del Gobierno, y esa lectura no se logró hacer.

¿Y en las demás reparticiones? ¿Cómo es la situación?

Tenemos un estado muy dispar. Hay algunos ministerios que tienen unidades de género, otros que no tienen asesores ni cifras y hay grados de avances distintos. Ahí, evidentemente, los sectores donde tradicionalmente hay más mujeres, como Salud y Educación, tienen mucho más avanzado su diagnóstico. Hay lugares donde la cosa está más árida, porque hay una histórica falta de mujeres y de perspectiva de género.

¿En Interior?

Con Interior hemos conversado muy de la mano con la ministra Izkia Siches, ha sido un aporte muy grande en impulsar la agenda de género al interior del nuevo gobierno y además hay un compromiso de todos los subsecretarios de también pensar la seguridad desde la perspectiva de las mujeres.

Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencia de Género

Usted está a favor del aborto y en la Convención hay un apoyo mayoritario a consagrarlo como derecho ¿Cómo lo va a afrontar desde el Ministerio?

Estamos a la espera, primero, de lo que diga el Proceso Constituyente y dependiendo de eso es lo que podemos avanzar. De todas formas, hay mucho que hacer en derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en cuanto a la aplicación de la ley de aborto en tres causales. Porque pese a responder a situaciones tan dramáticas de la vida de mujeres y niñas, y a tener un impacto pequeño, ha sido mucho más pequeño aún, porque no ha sido correctamente informado, no se ha capacitado centralmente a los equipos y ahí hay un trabajo que queremos impulsar con la ministra de Salud.

En segundo lugar, y si uno tiene un enfoque proactivo y no sólo de estar reaccionando, se puede mejorar, sin esperar la nueva Constitución. Por ejemplo, para que no se amenace a las mujeres que lleguen a urgencia, porque el personal médico no tienen porqué amenazar con denunciar, podemos mejorar los planes de información, la difusión que hay sobre anticoncepción y entrega de anticonceptivos de emergencia. Hay muchas mujeres que no saben que ya no se necesita receta médica para acceder a la pastilla del día después. Esas son cosas que sólo requieren voluntad de gobierno.

En la votación en la Comisión de derechos fundamentales se rechazó un artículo que apuntaba a crear una nueva institucionalidad desde la perspectiva sanitaria, que asegure y garantice, al menos, la erradicación de la violencia gineco-obstétrica, el parto respetado, el aborto libre ¿Está usted por avanzar en ese tipo de asistencia especializada?

Lo que tiene que ver con violencia gineco-obstétrica está contemplado en nuestra idea de lo que es una ley integral de violencia. No nos interesa crear algo aparte, sino sólo un instrumento que responda a la violencia contra las mujeres. Y en general, la tendencia en el mundo, más que sobre medicalizar, que hospitalizar el parto y el aborto, es a ir generando cada vez más prevención y control de las posibles variables de riesgo y a generar procedimientos ambulatorios. Es mejor que aquello esté integrado en el sistema de salud.

En lo referente a la erradicación de la violencia contra las mujeres ¿Basta el proyecto que está en el Congreso?

Creo que la discusión que era posible dar el 2017 ha avanzado a pasos agigantados gracias, en parte, al movimiento feminista del 2018 y este ha seguido creciendo. Sin duda, no están las mismas discusiones que ese año, así que hay que echarle una mirada a la ley.

Muchas de las víctimas de femicidio han denunciado con anterioridad a sus agresores ¿Cómo espera abordar esa problemática?

En Chile se creó institucionalidad para la violencia leve y esa misma institucionalidad terminó enfrentándose a la violencia extrema, y eso no da. Tenemos que atacar en distintos puntos. Es muy importante a largo plazo la educación no sexista, creemos que es un factor de cambio de las relaciones entre género que es muy importante. En el campo de la prevención hay que mejorar los instrumentos de gestión de la prevención, generar pautas únicas de riesgo, que todos los funcionarios sepan reaccionar ante una denuncia y sepan hacer una primera acogida, porque la primera persona que te escucha marca mucho el rumbo de la denuncia. Y en tercer lugar hay que adecuar la justicia a ciertos estándares. Me impresionó mucho que fuera un escándalo la perspectiva de género en la justicia, cuando es algo que la Corte Suprema ya venía haciendo, porque precisamente se constata que no es algo que abunde, sino que hay una necesidad de aplicarlo en todos los procedimientos.

¿Cómo analiza la composición del Parlamento con miras a sacar adelante la agenda legislativa?

Creo que es posible avanzar. Me genera expectativas que haya aumentado la cantidad de mujeres. Eso siempre es un buen anuncio para la tramitación de las leyes. Mientras aumenta la participación de mujeres en espacios de representación, aumentan las normas que las contemplan, porque hablan desde su propia experiencia. Y creemos que ha aumentado, en general, la conciencia en la sociedad sobre la violencia y a ellos les resultaría inexplicable que se rechazaran leyes que van en beneficio de mujeres y niñas sólo porque querían ‘atrofiar’ a nuestro gobierno, como dijo el diputado Diego Schalper. No sería aceptable no sólo para mí, sino que para la opinión pública.

Pero hay mujeres que no comparten esa visión.

Pero en la derecha hay mujeres que han aportado al debate contra la violencia. La en ese entonces diputada Marcela Sabat -esto es una infidencia-, cuando ganamos la paridad para la Convención, fue muy importante para que estuvieran los votos. Yo era la coordinadora del Frente Amplio del proyecto y la abrazamos a escondidas a la afuera del Congreso para darle las gracias. También reconocemos lo que hizo Lily Pérez, que fue una de las pioneras en plantear lo injusta que era la Ley Pascua. Entonces, sabemos que podemos. Creo que si pone la evidencia sobre la mesa, si se escuchan los datos, a los familiares de las víctimas, es difícil que les digan que no.

En la convención está avanzando la denominación de democracia paritaria, estableciendo en la Constitución que en todos los organismos del Estado debe haber al menos un 50% de mujeres ¿Cree que esa política debiese ser permanente?

El establecimiento de cuotas es un mecanismo afirmativo que adelanta años. Siguiendo la inercia de la historia, nosotras no habríamos demorado alrededor de unos 70 años más en tener una instancia electa paritaria como la Convención. Son medidas que adelantan a las instituciones a su tiempo. Creo que siempre se nota y a menos que ocurra una regresión autoritaria muy grave, como ocurrió durante el mandato de Bolsonaro, la tendencia es que estos mecanismos también incentivan más a mujeres y niñas a participar, porque se ven representadas.

Tras el nombramiento de los subsecretarios hubo críticas de parte de activistas del movimiento LGBTIQ+, por la ausencia de disidencias ¿Cómo el Ministerio de la Mujer espera representarlos de manera efectiva?

Ahí tenemos un gran déficit, porque no tenemos cifras claras. Las cifras que existen respecto de diversidad y disidencia las han elaborado las mismas organizaciones. El Estado ha hecho bien poco por levantar información y creo que eso es una primera cosa que podemos subsanar. Y, aunque me ha valido críticas, yo soy partidaria de un feminismo inclusivo, estoy en contra de la transfobia y espero que las disidencias y diversidades vean en el Ministerio de la Mujer una aliada a la espera de que tengamos una institucionalidad adecuada.

¿Espera avanzar en ello?

Hay compromisos que cumplir, que vienen de sentencias del Estado, hay observaciones sobre la Ley Zamudio, y para eso se necesita institucionalidad, no sé si algo aparte, pero actualmente no hay un organismo en el Estado que dirija una política respecto a diversidad o disidencia, está desagregado todo. Y eso nos pasó a las mujeres en algún momento.