Un verdadero “control de expectativas” se encuentra realizando el gobierno tras la entrada en vigencia del estado de excepción en las provincias que integran la denominada “macrozona norte”, toda vez que el resultado de un incremento en la vigilancia en pasos fronterizos y caminos en ningún caso subsanará del todo la grave crisis migratoria.
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El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró que la clave se encuentra en medidas que logren “desincentivar” la llegada de extranjeros indocumentados.
“Quiero ser bien transparente, todas las medidas que tomamos no van a producir un efecto absoluto. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo todas las autoridades, todos los órganos del Estado tienen que poner de su parte para que logremos contener y administrar el fenómeno migratorio”, subrayó a El Mercurio el personero de gobierno.
En tal sentido, Galli expresó su confianza en que las señales más potentes se darán a través de “procesos de expulsión”, “conversaciones” y, además, “una estrategia regional integral para que se disminuyan los incentivos de salir de Venezuela”, señaló, tras comentar la entrada en vigencia del estado de excepción que hoy comenzó a regir en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa.
Galli sostuvo, en compañía del ministro de Defensa Baldo Prokurica, una reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, además de Carabineros, la PDI y autoridades regionales de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
“Lo que se ha coordinado es el despliegue de las Fuerzas Armadas, porque esto no va a ser solamente un fortalecimiento de la presencia policial y militar en la frontera misma, sino también fortalecer los controles a lo largo de todas estas provincias de tal manera de poder fiscalizar que las normas en nuestro país se estén cumpliendo. Para ello va a haber un despliegue de más de 600 funcionarios militares y un fortalecimiento de la presencia policial en la frontera”, anunció Galli.
