A pesar de los cuestionamientos, la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, es tajante en defender la gestión del gobierno en materia de seguridad e insiste en que los delitos han bajado.
- ¿Cuál es el análisis que hacen de la violencia evidenciada las últimas dos semanas? ¿Qué está ocurriendo?
La delincuencia disminuyó en el año 2021. Y, aunque a algunos pareciera molestarle que señalemos los números, ellos muestran que el año pasado los casos policiales informados por Carabineros de los Delitos de Mayor Connotación Social cayeron un -13,9% a nivel país y la baja en los delitos violentos fue de un -15,3%. Incluso, en materia de homicidios durante el año 2021 estos bajaron más de un 22% -según las cifras de Carabineros de Chile y la PDI- y en lo que va corrido de este año, ha ocurrido un caso menos que en 2020.
Sin perjuicio de ello, que exista un homicidio en Chile es una realidad que nos duele, nos indigna y nos ocupa, y nos desafía a seguir trabajando con más fuerza, hasta el último día, para enfrentar con decisión los factores que están incidiendo en una mayor violencia en los delitos y que generan una alta percepción de inseguridad en los ciudadanos y ciudadanos. Esta es una prioridad para el Gobierno, porque la sensación de seguridad es clave para la calidad de vida de las personas. Muchos delitos violentos, incluidos los homicidios, tienen que ver con tres factores que generan una mayor violencia en los delitos: la existencia de bandas y organizaciones criminales, vinculadas al narcotráfico y al uso de armas de fuego.
Para ello, hemos implementado planes especiales con Carabineros y hemos focalizado la acción de las policías para dar una pelea frontal contra esta triada. Y el año pasado tuvimos resultados positivos: un aumento en un 83% en la incautación de drogas, en un 20% en el caso de las armas convencionales y un 103% de las armas modificadas. ¿Nos dejan satisfechos estos resultados? Por supuesto que no son suficientes, la pelea contra la delincuencia es un trabajo de cada día y debemos seguir enfrentando frontalmente la violencia hasta el último día de nuestro mandato.
- ¿Cómo incide en este escenario la aprobación de la nueva ley de control de armas?
La promulgación de la nueva Ley de Armas por parte del Presidente Sebastián Piñera es una gran noticia y constituye un avance crucial, después de 14 años de tramitación en el Congreso para actualizar nuestra normativa y mejorar la seguridad de las personas. Esta norma, fortalece la fiscalización, incorporando a la PDI a esta labor, y aumenta los requisitos para la adquisición y tenencia del armamento, como cursos de entrenamiento y certificado de médico siquiatra.
Y algo muy importante para los nuevos fenómenos delictuales que hemos visto en distintos operativos policiales con decomisos de armas, donde nos encontramos armas a fogueo o de juguete transformadas –a muy bajo costo- para tener poder de fuego letal: esta norma prohíbe expresamente la posesión de armas a fogueo o de juguete, incluidas aquellas que se imprimen en 3D, que hayan sido transformadas para usar balas y que los criminales están empleando de manera creciente. Además, se configurará el ADN balístico (mecanismo que permitirá identificar las armas desde donde son disparados las municiones), se endurecerán las penas para los infractores, se limita la cantidad de armas para coleccionistas (10) y cazadores (6) y se incorporan técnicas especiales de investigación, como los agentes encubiertos y las entregas vigiladas.
-Expertos advierten que falta una mayor vinculación entre la ciudadanía y las instituciones, policías y fiscalía, para que puedan denunciar los delitos de los que son víctimas de manera oportuna ¿Coincide con que falta un trabajo ahí? ¿Qué se requiere?
La seguridad pública es tarea de todos y, por lo mismo, requiere una suma de esfuerzos coordinados y colaborativos de distintas instituciones: el Gobierno, ambas policías, los municipios, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Y una de las tareas permanentes de esta Subsecretaría, precisamente, es trabajar codo a codo con los alcaldes, que son quienes mejor conocen las realidades y las necesidades de sus territorios. Solo la semana pasada, me reuní con 7 jefes comunales, de la RM y regiones, para ver el desarrollo de proyectos de prevención y también para coordinar con las policías en sus comunas. Aquí los alcaldes también tienen un rol central, no en vano cada municipio tiene la obligación de tener planes de seguridad comunal y llevar adelante consejos de seguridad pública.
También es clave, por ejemplo, la participación de los alcaldes en el Sistema Táctico de Operación Policial, STOP, reuniones estratégicas que permiten georreferenciar los delitos y focalizar los recursos de Carabineros de Chile en aquellos lugares donde se están desarrollando focos delictuales. Se toman compromisos que se revisan al mes siguiente. Los alcaldes no son un invitado más a estas reuniones, sino participantes activos que aportan con su experiencia y conocimiento. La semana pasada también dimos un importante paso con la creación del OS14 de Carabineros, que institucionaliza una instancia formal de coordinación entre quienes son la puerta de entrada a las necesidades de la comunidad, los municipios, y la institución que es la puerta de entrada a los problemas de los vecinos y vecinas, como es Carabineros.
Con el Ministerio Público también hay un trabajo permanente de coordinación con los alcaldes, por ejemplo, para ir desarrollando focos investigativos cuando existen realidades complejas, como la existencia de bandas criminales. Cuando hay un objetivo común entre las instituciones, se trabaja rápido y se van logrando resultados.
-Se critica el plan del gobierno para enfrentar de manera integral la delincuencia ¿Qué elementos destaca usted de la labor realizada y del compromiso que se ha manifestado en estos asuntos?
La seguridad de las personas ha sido una prioridad del Presidente Sebastián Piñera desde el primer día de su mandato. Nuestro Gobierno ha tenido decisión y proactividad para enfrentar la delincuencia. Un eje central de nuestro plan para prevenir y enfrentar de mejor forma el delito ha sido llevar a todo el país tecnología al servicio de la seguridad pública y así lo hemos hecho. Hemos financiado más de 2 mil cámaras de televigilancia y tenemos implementados drones y centrales de monitoreo en 10 regiones del país, en las delegaciones regionales, que están el servicio también de los municipios, que apoyan las labores policiales: acumulan casi 66 mil horas de vuelo y más de 7 mil 500 detenidos.
La inversión de proyectos que se trabajan en conjunto con los municipios (que también incluyen alarmas comunitarias, luminarias, vehículos para patrullaje, recuperación de espacios públicos y proyectos psicosociales, entre otros) ha significado una inversión de esta Subsecretaría de más de $85 mil millones en todo el país en estos cuatro años. Otro ejemplo es nuestro programa Denuncia Seguro, que trabaja mano a mano con Microtráfico Cero (MT0) de la PDI. Sólo en 2021 se realizaron 3.291 procedimientos de incautación de drogas y desarticulación de bandas. A ello se suman planes especiales en conjunto con Carabineros (anti encerronas y anti bandas/droga/armas) y la intervención multidimensional que realizamos en nuestros 37 Barrios Prioritarios. Y la lista es mucho más larga. A alguien puede no gustarle lo que hemos hecho, pero nadie puede decir que no hemos hecho la pega, con compromiso, para enfrentar con decisión la delincuencia y la violencia.
-Considerando su experiencia en el cargo ¿Qué desafíos cree va a tener el gobierno en esta materia?
Aparece como un desafío central seguir con una lucha frontal contra la violencia y el crimen organizado, junto con continuar la labor coordinada y colaborativa con las distintas instituciones, especialmente los alcaldes y alcaldesas de todo el país, que son quienes mejor conocen las necesidades de sus territorios. En lo personal, creo que en esta Subsecretaría hay muchos programas que contribuyen a la prevención y a la sensación de seguridad de las personas.
En especial, espero que continúen, como una política de Estado, nuestros Barrios Prioritarios, que no solo abordan las realidades socio delictuales de manera multidimensional, sino que, a través del trabajo con los más de 500 dirigentes comunales, vecinos y vecinas en mesas comunitarias son un aporte para ir reconstruyendo nuestro tejido social y las confianzas, algo que tanto necesita nuestro país. Sentir que se avanza en llevar de vuelta al Estado a territorios donde ha estado ausente por muchos años hacen que uno siente el valor del servicio público, especialmente cuando ese trabajo se hace en conjunto con la comunidad.
