Alrededor de las 10 de la mañana comenzaron los reclamos por una presunta escasez de buses del transporte público en la calles.
De a poco, alcaldes de diferentes comunas comenzaron a recibir cada vez más mensajes por la situación, y ya alrededor del mediodía todo parecía haberse “escapado de las manos”.
Eran cientos los capitalinos y vecinos de regiones los que denunciaban que llevaban horas esperando en los paraderos, mientras aumentaban las fotografías en redes sociales donde se veían “terminales de micros” llenos.
Poco tiempo transcurrió entonces, para que llegaran denuncias respecto de que el Gobierno habría montado “una operación” para que menos electores pudiesen llegar a las urnas.
“Ante operación del Gobierno de limitar transporte público en favor de su candidato, llamamos a organizar taxis, colectivos y autos compartidos para trasladar a votantes. Siempre con mascarillas y ventanas abajo”, sostuvo Izkia Siches, generando una ola de críticas desde el oficialismo.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, de hecho, la acusó de mentirosa y de incentivar “al odio y división”.
Gloria Hutt, titular de la cartera responsable, en tanto, descartó cualquier tipo de “maniobra” o “intencionalidad”, aunque reconoció en CNN que pudieron haber “reaccionado tarde”.
Pese esas explicaciones, el abogado Luis Mariano Rendón interpuso una querella en su contra, por el delito de denegación o retardo de servicio, contemplado en el artículo 256 del Código Penal.
Y eso no será todo, porque como adelantó el diputado Diego Schalper (RN), lo más probable es que desde el oficialismo se recurra ante la Contraloría por “acarreo de votantes”, ya que en varias comunas se dispuso transporte municipal para que los electores pudiesen llegar a los locales.
