La Fiscalía de Iquique en conjunto con el OS9 de Carabineros lograron la detención de 9 personas, las cuales trabajaban divididas en 3 bandas diferentes, y se dedicaban al tráfico de migrantes en la frontera de Colchane.

Según las autoridades, la investigación de los sujetos que duró 10 meses se desarrolló a través de diferentes técnicas, entre ellas el seguimiento, interceptaciones telefónicas, uso de drones y entrevistas a víctimas y testigos. Además, se confirmó que el operativo se realizó en el marco de la crisis migratoria que vive el país en el norte.

“Ante el ingreso masivo de extranjeros por la frontera, iniciamos una investigación detectando que existían distintas bandas criminales dedicadas netamente al ingreso ilegal de ciudadanos extranjeros”, precisó la fiscal Jócelyn Pacheco.

Coyotes

“Este ingreso lo hacían a través de coordinaciones con ´coyotes´ o ´chamberos´ que son los guías, con los cuales preparaban el ingreso por la frontera de personas de nacionalidad venezolana, colombiana y boliviana, para a través del pago de una suma de dinero, trasladarlas a distintos puntos de la región y del país, como Iquique, Copiapó, Ovalle y Santiago”, agregó la magistrada.

En este sentido, Pacheco indicó que las tarifas de los imputados eran variadas, y estas dependían del destino de los indocumentados. El precio más barato era el de $30 mil, y se les aplicaba a aquellos que iban a localidades del interior de la región, mientras que el más caro era el de $280 mil, para aquellos que querían ir a Santiago.

400 personas

“Se logró desarticular una importante organización que estaba lucrando con la vulnerabilidad de muchísimas personas extranjeras. Aquí hay personas que han planificado acciones para poder traer a estos migrantes, cobrándoles altas sumas de dinero y haciéndolos pasar ilegalmente la frontera, poniendo en riesgo su integridad física y su salud”, indicó por su parte el jefe de la I Zona de Carabineros, general Sergio Telchi.

Asimismo, se confirmó que las 9 personas ingresaron al país alrededor de 400 personas, y el dinero que se les cobraba a los migrantes lo utilizaban para la adquisición de vehículos para ampliar su ilícito negocio. De hecho, entre sus posesiones se encontraron 9 transportes. De esta forma, los individuos quedaron en prisión preventiva puesto que su libertad se consideró un peligro para la sociedad. La investigación quedó fijada con un plazo de 60 días.